La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este martes el proyecto de ley para avanzar en el proceso de elecciones judiciales que debían realizarse en 2023 y lo envió al Senado para su tratamiento, mientras sectores afines al ex presidente Evo Morales (2006-2019) mantienen bloqueada una carretera en el centro del país.
Los seguidores del ex mandartario presionan con cortes de caminos para que se realicen los comicios judiciales, también están molestos por la Sentencia Constitucional que prohíbe la reelección indefinida diciendo que “no es un derecho humano”, un fallo que inhabilita a Morales para buscar la presidencia en 2025.
El proyecto de ley 144/2022-2023 ‘Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024′ elaborado y modificado previamente en consenso por una comisión con representantes de las tres fuerzas políticas con representación en el Legislativo se aprobó en grande y en detalle en una sesión que duró más de nueve horas.
La sesión se instaló pasadas las 18:15 locales del lunes (22:15 GMT del lunes), si bien los parlamentarios se tomaron las primeras cuatro horas para leer correspondencia; y luego el debate y la votación se prolongaron hasta después de las 3:40 locales de hoy (7:40 GMT).
El Senado deberá sesionar en esta jornada para aprobar el documento y enviarlo luego al Ejecutivo para su promulgación, según lo acordado el pasado viernes por el Gobierno de Luis Arce y las representaciones de las dos facciones del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.
El proyecto se aprobó pese a las críticas de algunos diputados de CC y Creemos que expresaron su rechazo al compromiso de tener que aprobarlo sin modificaciones, e insistieron en que se incluya en la norma el cese de funciones de los magistrados del órgano Judicial que debían concluir su mandato el 31 de diciembre de 2023.
La cesación de los magistrados está planteada en otros dos proyectos de ley que deberían tratarse tras la aprobación de la norma para las elecciones judiciales, según lo acordado el viernes entre el Ejecutivo y los jefes de bancadas en ambas cámaras.
Crisis judicial
La Constitución vigente desde 2009 introdujo la elección por voto popular cada seis años de los magistrados y consejeros de los máximos tribunales del país.
Los comicios para renovar a los magistrados debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, ante lo cual el Tribunal Constitucional decidió prorrogar su mandato y el de los otros magistrados para evitar un “vacío de poder”.
El Gobierno de Arce defiende que la prórroga es constitucional, mientras que la decisión es cuestionada por la oposición y por el ex presidente Morales, quien está distanciado del mandatario y cuyos sectores afines decidieron bloquear carreteras desde el pasado 22 de enero.
Los ‘evistas’ o afines a Morales también protestan contra una sentencia constitucional que lo inhabilita para ser candidato presidencial en 2025, ya que el fallo sostiene que la reelección indefinida “no es un derecho humano”, un argumento que el ex gobernante usó para postular a los fallidos comicios de 2019.
Si bien la mayoría de los bloqueos se levantaron tras anunciarse el acuerdo el viernes, aún hay ocho lugares donde los ‘evistas’ cortan el paso en la carretera troncal que une a la región central de Cochabamba con La Paz y Oruro, precisó en esta jornada el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.
En Cochabamba está la zona cocalera del Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político de Morales.
Según las autoridades, los bloqueos han dejado hasta el momento pérdidas por más de 1.000 millones de dólares y han puesto en riesgo la actividad turística, sobre todo la vinculada a la próxima celebración del carnaval en el país.
(Con información de EFE)
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