Los homicidios casi se duplicaron en las zonas bajo Estado de Excepción en Ecuador

La violencia en Ecuador no cesa. Desde el último fin de semana los ecuatorianos han sido testigos de nuevos enfrentamientos en las cárceles, del asesinato de un popular alcalde del país y del incremento de los sicariatos, robos, secuestos y extorsiones en varias ciudades del país. El gobierno del presidente Guillermo Lasso ha decretado el Estado de Excepción en tres zonas del Ecuador y en las cárceles.

El decreto 824, suscrito por el mandatario el 24 de julio, indica que por 60 días, en las provincias de Manabí y Los Ríos, así como en el cantón Durán de la provincia del Guayas, se suspenderán o limitarán el derecho a la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la inviolabilidad de correspondencia enviada o recibida y el derecho a la libertad de tránsito, este último a través de un toque de queda desde las diez de la noche hasta las cinco de la madrugada.

De acuerdo con los antecedentes que acompañan al decreto ejecutivo, los homicidios intencionales han incrementado entre el 50 % y más del 100 % este año, con relación al 2022. Las cifras de la Policía Nacional son alarmantes.

En el cantón Durán, a 10 kilómetros de Guayaquil, “se ha evidenciado un incremento del cometimiento de hechos violentos como son homicidios, asesinatos, sicariatos, extorsiones y robos” incluyendo el atentado que sufrió el alcalde de esa ciudad el pasado 15 de mayo.

Las cifras oficiales indican que desde el 1 de enero al 23 de julio del 2023, en Durán se han contado 121 homicidios intencionales, lo que corresponde a un incremento del 55% en comparación con el año 2022. El 95.9% de estos homicidios son por violencia criminal. Según la policía, de estos, seis de cada 10 están relacionados con el tráfico de drogas.

De acuerdo con los datos incluidos en el decreto, el promedio de homicidios intencionales, desde enero hasta mediados de junio de 2023, era de 0.59 por día. Sin embargo, desde hace un mes este promedio incrementó a cuatro homicidios intencionales promedio cada día.

Varios reportajes periodísticos han revelado que en Durán operan algunas bandas criminales que instruyen a los sicarios del país.

En Manabí, la provincia costera que se ha convertido en uno de los sitios claves para el tráfico de drogas, los homicidios intencionales han incrementado en un 106%. Desde enero hasta el 23 de julio de este año, hubo un incremento de 240 homicidios intencionales en comparación con el año pasado. Según la Policía, el asesinato concentra un 97,9% del total de muertes con un incremento de 245 muertes adicionales.

De los 466 homicidios registrados durante este año, el 94% (438) corresponden a eventos relacionados con la violencia criminal. El 77,1% de estos asesinatos se concentra en las ciudades de Manta, Portoviejo y Pedernales. Este fin de semana, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado mientras realizaba un recorrido en uno de los barrios de la ciudad.

La ciudad de Manta está ubicada 260 kilómetros al suroeste de la capital, en la provincia de Manabí. Según información de las autoridades se ha detectado que las costas de Manabí son rutas de narcotraficantes que trafican grandes cargamentos de droga a destinos en otras partes de América y Europa, principalmente. En un recorrido por uno de los pueblos pesqueros de esta provincia, Infobae evidenció que los pescadores artesanales intentan sobrevivir entre robos, extorsiones y la peligrosa tentación de traficar.

La tercera zona bajo Estado de Excepción es la provincia de Los Ríos, también ubicada en el litoral ecuatoriano a 75 kilómetros de Guayaquil. En Los Ríos los homicidios intencionales incrementaron en un 131% en relación al 2022, según datos de la Policía. Entre el 1 de enero al 23 de julio del 2023, se registraron 267 homicidios intencionales más en comparación con el año pasado. El asesinato concentra un 92,8% del total de muertes con un incremento de 251 muertes adicionales. De los 471 homicidios intencionales registrados en el 2023, el 93,6% (441) está relacionado con la violencia criminal.

Además de estos escenarios de violencia, el gobierno también intenta retomar el control de las cárceles del país. Lasso dispuso la movilización de la Policía y las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Hasta la mañana del 25 de julio, se confirmó la huelga de hambre en 13 prisiones y la retención de, al menos, 100 agentes de seguridad. Aún queda por conocer la cifra actualizada de reos asesinados en la Penitenciaría del Litoral. Según declaraciones del ministro del Interior, Juan Zapata, las fuerzas del orden encontraron cadáveres en descomposición dentro del reclusorio. Los agentes de criminalística realizan las pericias del caso.

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