La Procuraduría General del Estado (PGE) dijo insistirá legalmente para que la Fiscalía boliviana convoque a declarar a los obispos católicos como “testigos” y expliquen su participación en la crisis política de 2019.
En una rueda de prensa, el procurador, Wilfredo Chávez, confirmó un pedido de finales de enero al Ministerio Público para que los integrantes de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) en 2019 declaren “como testigos” sobre los sucesos que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales en ese año.
En la solicitud se señala a los prelados vicepresidente de la CEB, Ricardo Centellas; el secretario Episcopal, Aurelio Pesoa; y el ex obispo auxiliar de El Alto, Giovanni Arana, entre otros.
El caso surge por una reunión en 2019 en la Universidad Católica en La Paz, en la que participaron los obispos, varios líderes políticos de la oposición y representantes del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) que sirvió para definir la sucesión presidencial.
“Nadie puede negar que en las jornadas del ‘golpe de Estado’ esas reuniones se han dado (...) con la participación activa de la Iglesia Católica”, remarcó Chávez, quien fue abogado de Morales.
El procurador habló de una supuesta “victimización mediática” de los representantes de la Iglesia Católica cuando se supo de la petición para que declararan y dijo que es “problema” de los obispos si a causa de eso “su conciencia” les hace “culpables”.
“Si no tienen nada que ocultar por qué no van a declarar, cuál es el impedimento”, cuestionó Chávez además de señalar que la PGE va a “volver a presentar un memorial” para que declaren los obispos.
La solicitud de la FGE se enmarca en la investigación del llamado caso “golpe de Estado I” por el delito de terrorismo que presentó a finales de 2020 una ex diputada del MAS.
Por ese proceso se acusa a la ex presidenta interina Jeanine Áñez y al líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos presos.
En varias ocasiones, la Iglesia Católica ha remarcado su rol de mediación durante la crisis política y social de 2019, tras la renuncia de Morales a la Presidencia y el Gobierno transitorio a la cabeza de Áñez.
En 2021 la CEB entregó al papa Francisco una memoria sobre el rol de la Iglesia Católica entre octubre de 2019 y enero de 2020 en la que “rechazó toda acusación” de su labor que se relacione con “un supuesto golpe de Estado” contra Morales.
La asesora legal de la CEB, Susana Inch, declaró este lunes a medios locales que la Iglesia “ha dicho su verdad” y que es “la misma que va a seguir sosteniendo en todo momento”.
Para el Gobierno los hechos de 2019 fueron un “golpe de Estado” contra Morales, mientras que para la oposición se debieron a un fraude electoral para favorecer a Morales y que lograra acceder a un cuarto mandato consecutivo.
La relación entre la Iglesia Católica y el Gobierno ya era tensa en el Gobierno de Morales y se ha vuelto aún más distante en la Administración del presidente Luis Arce.
(Con información de EFE)
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