Una nueva convocatoria de paro de transportistas urbanos para el próximo 25 de agosto reavivó la preocupación en Lima y Callao ante la persistencia de la ola de criminalidad.
Más del 80 % de las rutas regulares podría suspender el servicio durante 24 horas, una medida que afectaría a miles de usuarios y generaría impactos en la movilidad y la economía local.
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La Unión Gremial de Lima - Callao y la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano alegan la falta de diálogo con el Gobierno y el aumento de la violencia como motivos centrales de la protesta.
El reclamo de los transportistas se fundamenta en la inseguridad, los atentados y la migración de conductores hacia otros países. Martín Ojeda, dirigente gremial, explicó que la situación ha reducido la operatividad del servicio, mientras que Héctor Vargas, presidente de la coordinadora, precisó que la protesta surge después de repetidos pedidos de reunión con la presidenta Keiko Fujimori sin éxito.
El sector enfatiza que la medida consiste en un “apagado de motores” y no en acciones de confrontación, buscando llamar la atención de las autoridades para que adopten soluciones concretas.
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La Unión Gremial de Lima - Callao advirtió sobre una serie de atentados recientes contra conductores y pasajeros, reflejo de lo que denominan una “violencia sistemática ejercida por organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato”.
La magnitud del paro abarcaría todos los distritos de la capital y el primer puerto, visibilizando una demanda por condiciones mínimas de seguridad laboral.
“Tenemos 18 días, estamos trabajando”
En respuesta a la convocatoria, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Rafael Belaúnde, aseguró que el Gobierno lleva 18 días trabajando en acciones para enfrentar la inseguridad.
“La población está en una situación y con una sensación de peligro que no es reciente, es una situación que hemos heredado y que estamos trabajando en combatir, vamos a implementar una serie de medidas”, dijo ante la prensa.
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El ministro enfatizó la necesidad de modificar el marco legal para permitir “una acción mucho más decidida en la lucha contra la criminalidad”.
“Necesitamos también modificar el marco legal para permitir una acción mucho más decidida en la lucha contra la criminalidad, entonces entiendo yo, un día es demasiado, pero tenemos 18 días en el Gobierno, estamos trabajando las reformas”, remarcó.
Las declaraciones generaron diversas reacciones en el sector, donde los gremios consideran insuficiente la respuesta ante la dimensión del problema.
El ministro detalló que se implementarán medidas en las cárceles, como el control perimetral por parte de las Fuerzas Armadas, la instalación de escáneres y retenes para frenar el ingreso de celulares y contrabando.
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Además, anunció un sistema de control estricto para las visitas y el personal del INPE. Según Belaúnde, parte de la solución estará en la solicitud de facultades legislativas.
Por su parte, Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, declaró que los dirigentes aún esperan evitar la paralización si el Ejecutivo presenta una respuesta concreta. El Gobierno, por su parte, ratificó que “está tomando y va a tomar cartas en el asunto” para solucionar la crisis.
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