El Estado chileno reconoció su responsabilidad por la aplicación de la media prescripción a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura; admitió que con ello vulneró derechos de las víctimas y dejó en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la sanción correspondiente.
“El Estado quiere reiterar el claro reconocimiento de responsabilidad internacional respecto de los hechos que constituyen el núcleo del caso y que se vinculan con la prescripción o prescripción gradual a causas vinculadas con crímenes de lesa humanidad”, manifestó la agente del Estado chileno, Catalina Fernández, durante los alegatos finales de una audiencia ante la CIDH.
El tribunal interamericano celebró este miércoles una audiencia por el caso Vega González y otros contra Chile, el cual se refiere a la responsabilidad internacional del Estado chileno por la aplicación de la “media prescripción” o “prescripción gradual” en el marco de los procesos penales de 14 peticiones relativas a delitos de lesa humanidad, en los que figuran como víctimas 49 personas.
La demanda contra el Estado alega que la Corte Suprema de Justicia, al intervenir como tribunal de casación penal, decidió, entre 2007 y 2010, atenuar las penas otorgadas a los responsables de los hechos mediante la aplicación de la “media prescripción” o “prescripción gradual”, prevista en el artículo 103 del Código Penal chileno para delitos comunes.
Dicha disposición es aplicable cuando el responsable del delito se presenta o es hallado luego de haber transcurrido la mitad del tiempo asignado para la prescripción de la acción penal.
En los alegatos finales de la audiencia, Fernández reconoció que “persisten deudas por parte del Estado de Chile con las víctimas de la dictadura” y que la aplicación de la media prescripción “supuso una vulneración” a varios derechos de las víctimas, pues no debía aplicarse a delitos de lesa humanidad
“Las víctimas de este caso no solo sufrieron la violencia estatal manifestada en el despojo de sus seres queridos, sino que una vez reinstaurada la democracia debieron continuar enfrentando diversos obstáculos para la búsqueda de verdad, justicia y reparación”, indicó Fernández.
La agente estatal expresó que corresponderá a la CIDH “determinar el alcance de la responsabilidad” del Estado teniendo en cuenta los cambios en la jurisprudencia interna de los últimos años y agregó que la representación estatal espera que la decisión del tribunal “coadyuve a los esfuerzos del estado en esta materia”.
Además, aseguró que el Estado está dispuesto a avanzar hacia la reparación de las víctimas.
Durante la audiencia declaró como víctima Iván Carrasco, cuyo padre, el periodista José Carrasco, fue asesinado en 1986 durante la dictadura por agentes estatales.
Carrasco relató que los asesinos de su padre fueron condenados a prisión, pero en 2009 la Corte Suprema aplicó la media prescripción y rebajó las penas a menos de 5 años y les otorgó la libertad condicional.
“Nos parece muy importante que la Corte Interamericana decrete que la media prescripción o prescripción gradual es una figura que no debe ser aplicada en Chile para el caso de las violaciones a los derechos humanos y en el caso de mi padre estamos pidiendo que el fallo sea anulado”, apuntó.
Los representantes de las víctimas solicitaron a la CIDH una sentencia en la deje sin efecto la aplicación de la media prescripción para crímenes de lesa humanidad, pues son delitos imprescriptibles.
Después de esta audiencia las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito y a partir de entonces la CIDH podrá emitir una sentencia en los siguientes meses.
(Con información de EFE)
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