La Corte Suprema de Brasil ordenó la prisión preventiva por tiempo indefinido a 942 de los 1.406 seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro detenidos por el intento de golpe de estado del pasado 8 de enero.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, concluyó el análisis de las audiencias de custodia de los detenidos en flagrancia, quienes pasarán al régimen de prisión preventiva, una medida cautelar que no estipula un plazo para una sentencia.
Otras 464 personas fueron amparadas con medidas cautelares y responderán ante la Justicia en “libertad provisional”, pero sometidos a varias condiciones, entre ellas el uso de tobillera electrónica para ser monitoreados y presentación semanal ante las autoridades.
De acuerdo con el alto magistrado, quien el miércoles había dado un balance parcial de las audiencias, “las conductas fueron ilícitas y graves, con la intención de, por medio de violencia y grave amenaza, impedir el ejercicio de los poderes constitucionales constituidos”.
“Hay pruebas en los autos (del proceso) de la participación efectiva de los investigados en una organización criminal que actuó para intentar desestabilizar las instituciones republicanas”, señaló el magistrado.
De Moraes indicó que los implicados entran a prisión preventiva por participar en “actos de terrorismo” y “destrucción de predios públicos” y responderán por los delitos de “asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado”.
También les fueron imputados cargos por “amenaza, persecución e incitación al crimen”, según un comunicado del Supremo Tribunal Federal (STF).
El pasado 8 de enero miles de extremistas que no aceptan la derrota de Bolsonaro en la segunda vuelta electoral del pasado 30 de octubre invadieron y destruyeron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el presidencial Palacio de Planalto.
Los bolsonaristas, que llevaban acampados más de dos meses en las puertas de los cuarteles de las principales capitales, pedían una intervención militar para derrocar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que venció con el 50,9 % de los votos válidos.
Otras 684 personas, de acuerdo con la Policía Federal, fueron liberadas por “razones humanitarias”, por tratarse de ancianos, enfermos o mujeres con niños, pero sus nombres fueron incluidos también en las investigaciones.
Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos dos días antes de terminar su mandato y de la transmisión de mando, está siendo investigado por las autoridades brasileñas bajo sospecha de instigar el ataque.
El ex mandatario, quien durante años sembró dudas sobre la transparencia de las urnas y es objeto de 16 investigaciones por irregularidades electorales, rechaza los señalamientos.
La Fiscalía General de Brasil también emitió este viernes cinco órdenes de captura, entre ellas las del cesado gobernador de Distrito Federal, Ibaneis Rocha, y la del ex secretario interino de Seguridad Fernando de Souza Oliveira por los hechos ocurrido el pasado 8 de enero en la capital.
El objetivo de las autoridades es recoger más evidencias que ayuden a esclarecer por qué ambos habrían dejado de tomar las medidas necesarias para evitar los actos violentos de aquel día. La orden de la Fiscalía también conlleva nuevos registros en el Palacio del Buriti, sede del gobierno de la capital, así como en los domicilios particulares de Rocha y Oliveira.
Rocha fue cesado de su cargo como gobernador de Distrito Federal de manera momentánea durante noventa días un día después de los ataques tras un fallo del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.
Por su parte, Oliveira asumió el cargo de secretario interino de Seguridad de la capital mientras permanecía de vacaciones en Estados Unidos el titular, el ex ministro de Justicia de Bolsonaro Anderson Torres, quien está ya en prisión por supuesta connivencia y omisión de sus funciones durante los ataques.
Las Fuerzas Armadas de Brasil garantizan que no habrá otro intento de golpe de Estado como el que perpetraron miles de bolsonaristas radicales el pasado 8 de enero en Brasilia, según afirmó este viernes el ministro de Defensa, José Múcio.
“No tengan la menor duda de que otro (episodio) como aquel no ocurrirá porque las Fuerzas Armadas se anticiparán a él”, aseguró Múcio a los periodistas, tras participar en la reunión que mantuvo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva con la cúpula militar.
(Con información de EFE y Europa Press)
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