Gabriela Fossati, fiscal del caso que involucra al ex custodio de Luis Lacalle Pou, informó que “están involucrados funcionarios públicos” de distintos organismos uruguayos en la red de falsificación de documentos desbaratada en setiembre de este año.
Por este motivo, Fossati destacó la necesidad de ser “sigilosos” en la investigación, dado que estas personas forman parte de las reparticiones a las que se les está pidiendo información para avanzar en la investigación.
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Hasta el momento Fiscalía solicitó informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Corte Electoral, a la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), al Registro Civil, a la Dirección General Impositiva (DGI) y al Banco de Previsión Social (BPS).
La fiscal aseguró en una audiencia que de los “pocos mensajes” recuperados del celular de Astesiano surgieron nombres de funcionarios públicos, aunque no dio detalles porque “son autoridades públicas y se quiere tener más elementos de certeza”.
“Se está trabajando en este momento con protocolos de prudencia para que no se frustre el resultado de la investigación”, expresó Fossati luego de recibir el pasado viernes dos pendrives de la Dirección de Inteligencia con cerca del 2% de los datos recuperados del teléfono de Astesiano.
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Policía Científica uruguaya consiguió recuperar menos del 2% de la información que el ex custodio de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, tenía en su celular y borró antes de ser detenido. “Tuvo tiempo de borrar mucha información”, dijo Fossati y aseguró que, aunque trabaja “18 horas al día”, no pudo leer ni un 0,5% de la información disponible: “Nos faltan cientos de documentos de la Dirección Nacional de Identificación Civil y todos los de Registro Civil”.
Hasta el momento no se sabe por qué Astesiano fue advertido sobre su detención ni quién lo hizo. Sin embargo, eso le permitió eliminar conversaciones con el escribano Álvaro Fernández, ahora en prisión preventiva por ser parte de de la red de falsificación.
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Fiscalía imputó también a la pareja de Fernández, Patricia Medina, con prisión preventiva hasta el 15 de febrero de 2023 por suposición de estado civil y asociación para delinquir. “El riesgo de que Patricia M. obstaculice la investigación es evidente. Ya hubo un acto de Patricia M. de borrar los mensajes de su celular. Además existe un inmueble cuya destinataria es la hija de Patricia M., por lo cual ella hará todo lo posible para neutralizar una investigación contra su hija”, señaló Fossati.
La defensa de Medina apeló la decisión y consideró que se debería haber decretado prisión domiciliaria total. Además, también cuestionaron que a los otros imputados se los imputara con 30 días de prisión preventiva, mientras que a Medina con 120 días.
Fossati, en tanto, justificó su postura diciendo que la pareja del escribano puede ser un “obstáculo muy importante” y el material incautado podría ser interferido desde el exterior: “Puede ser vía remota, sea reiniciando los celulares o formato de origen. Sabemos que eso dificultaría mucho más la sustracción de información. También puede ser interfiriendo el equipo o contactándose con todas las personas que en algunos casos ya se tienen sus nombres”.
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