El ministro del Interior uruguayo, Luis Alberto Heber, confirmó que se inició una investigación y separó del cargo a un director de la Policía tras conocer que no informó sobre los antecedentes penales del jefe de custodia del presidente Luis Lacalle Pou, imputado esta semana de los delitos de suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias.
Un informe solicitado de urgencia tras la detención de Alejandro Astesiano determinó que en 2020 el director de Identificación Criminal, comisario mayor Gonzalo Vázquez, “un día después” de haber informado a Presidencia que el custodio no tenía antecedentes penales, “asocia información en el expediente, corrige la situación” y no lo comunica a sus superiores, dijo Heber en conferencia de prensa.
El ministro apuntó que la corrección de Vázquez fue “un procedimiento de rutina cuando se constata que los legajos no están actualizados” y que el error fue no avisarle a sus superiores
“Esto para nosotros es muy grave”, agregó, asegurando que al presidente “se le dio una información falsa”. Lacalle Pou había afirmado el lunes en conferencia de prensa que su entonces jefe de seguridad personal no tenía antecedentes penales.
Este viernes, el mandatario fue consultado sobre si creía que se le había ocultado información. “Si yo te respondo que sí, estaría hablando de una intención manifiesta de engaño. Lo que sí, no me dieron la información correcta”, dijo Lacalle Pou.
“Yo me puedo equivocar, pero no les voy a mentir. Cuando yo dije que no había antecedentes las dos veces que se me dio documentación, dije la verdad”, agregó.
Por su parte, la fiscal Gabriela Fossati avanza con la investigación y el peritaje de los teléfonos y los 39 discos externos incautados en los allanamientos realizados a los integrantes de la banda. Según el periódico El Observador, se sigue la pista de funcionarios que eran cómplices del grupo, por lo que el Ministerio de Educación y Cultura inició una investigación interna para determinar su empleados del Registro Civil firmaron partidas de nacimiento falsas.
En tanto, el Ministerio del Interior lleva adelante pesquisas similares en la Dirección Naiconal de Identificación Civil y en la Policía Científica, que es donde podría haberse realizado la desasociación de los antecedentes penales.
Astesiano está siendo investigado por su presunta participación en una organización que adulteraba documentos para elaborar pasaportes.
Su detención se llevó a cabo en la residencia presidencial el domingo 25 de septiembre cuando este regresó de un viaje al exterior junto a Lacalle Pou, y luego fue imputado el martes con 30 días de prisión preventiva en el marco de una investigación sobre una red de ciudadanos uruguayos y rusos dedicada a la falsificación de documentos.
La fiscal Gabriela Fossati pidió su formalización por “la presunta comisión de un delito continuado de suposición de estado civil en calidad de coautor (...), asociación para delinquir y tráfico de influencias”.
La investigación comenzó dos años atrás, cuando llamó la atención una inusual cantidad de solicitudes de ciudadanía uruguaya por parte de ciudadanos rusos con partidas de nacimiento que acreditaban padres uruguayos, lo que los habilitaba a obtener pasaportes del país sudamericano.
La causa tiene otros tres imputados, un uruguayo y dos rusos.
Astesiano acumulaba desde 2002 más de 25 indagatorias por hurto, estafa, apropiación indebida y daño, todas “anotaciones policiales” en las que no se había probado delito. No obstante, tras su detención se conoció que estuvo cuatro meses preso en 2013 por estafa. En 2002 había sido procesado sin prisión por el mismo delito.
El mandatario contó que conoció a Astesiano durante una campaña electoral en 1999, y que luego trabajó en campañas para su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle, y para su propio equipo en 2004, 2009 y 2014. Trabajaba como su jefe de custodia desde 2019.
(Con información de EFE y AFP)
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