El Senado chileno aprobó la tarde de este martes el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11, tras cuatro años de tramitación parlamentaria y múltiples resistencias desde organizaciones civiles.
Con 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el Congreso chileno visó el que está considerado el tercer acuerdo comercial más grande del mundo y genera gran polémica en Chile, sobre todo su mecanismo de resolución de conflictos.
Fue por este mismo punto que el jefe de Estado chileno, Gabriel Boric, decidió tomar un rol más activo en las últimas semanas encabezando las negociaciones de los “side letters” con el resto de países involucrados respecto a los puntos del capítulo 9, referente al de conflictos entre Estados parte e inversionistas para que no sean aplicables.
Pese a que este tratado no era parte del programa de gobierno propuesto por las fuerzas que actualmente ocupan el Ejecutivo, la canciller, Antonia Urrejola, valoró la aprobación del documento y analizó los pasos a seguir.
“(Cancillería) ha identificado un tema que es de especial sensibilidad y que sí es abordado en el programa de gobierno. A la luz de este escenario hemos intentado encausar la aprobación del TPP11 a través del intercambio de side letter con los otros países signatarios que busca excluir los efectos de la sección b, del capítulo 9 del tratado relativo al mecanismo de relación de controversias”, afirmó la jefa de Relaciones Exteriores.
En esa línea, señaló que el objetivo de su cartera es “dar una señal política relativa en avanzar en modernizar los estándares hoy existentes en materia de resolución de controversias inversionista-Estado, creando además al interior del propio foro del TPP11 una masa crítica, junto a otros países, que permita debatir y perfeccionar los mecanismos contemplados en este acuerdo comercial”.
Desde ahí, aseveró que los “side letters” deberán pasar por el Legislativo para ser aprobados y que el presidente Boric “ha decidido, dentro de sus facultades exclusivas, esperar el avance de las side letters antes de ratificar el acuerdo”.
La Cámara de Diputados lo aprobó en 2019 con un estrecho margen y, tras pasar varios años en un cajón, el Senado retomó a finales de septiembre su discusión.
REACCIONES CONTRARIAS
“No se puede entender que en el Gobierno se niegue a abrir las puertas a la globalización y desconfíe en esta avanzada en argumentos poco claros o elementos de última hora para evitar su responsabilidad. Chile tendrá peores números, incluso peor que Haití si sigue así”, señaló la senadora democristiana, Ximena Rincón, que votó a favor.
“Llegó el tiempo de ratificar el tratado y no dilatar más su discusión (...) este tratado beneficia a Chile, a sus chilenos, quienes después de un plebiscito constitucional nos insta a trabajar en sus necesidades más urgentes, la seguridad y la economía”, agregó.
Por su parte, la senadora del mismo partido, Yasna Provoste, que votó en contra, apuntó que “en esta discusión no está en juego la apertura comercial (...) difícilmente se puede decir que será el TPP el que va a generar la reactivación cuando Chile tiene convenios con 74 estados”.
“Porque somos una nación pequeña y digna no vamos a renunciar a la independencia que hemos conquistado para cambiar lo que debemos cambiar”, enfatizó.
Las posiciones divergentes dentro de un mismo partido ejemplifican la fragmentación con que el oficialismo enfrentó esta discusión, con una de las coaliciones del Gobierno chileno, Apruebo Dignidad, con la que el presidente Gabriel Boric ganó las elecciones, en contra del tratado; y la otra coalición oficialista, Socialismo Democrático (centro izquierda), dividida en su apoyo a la ratificación.
En vigor desde diciembre de 2018, el acuerdo busca eliminar o reducir barreras arancelarias en los 11 países miembros (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) y abarca un mercado de casi 500 millones de personas, lo que representa el 13 % del PIB mundial.
El tratado sustituyó al original TPP, en el que estaba Estados Unidos hasta que el ex presidente Donald Trump anunció su retirada al poco de tomar posesión en 2017.
Quienes lo defienden resaltan que abre la puerta a la exportación sin aranceles de más de 3.000 “líneas arancelarias” (subproductos) y que generará ingresos anuales para Chile de 1.200 millones de dólares.
Para sus detractores, el tratado atenta contra la soberanía económica de los países y otorga a las trasnacionales derechos a demandar a los Estados en instancias arbitrales internacionales.
(Con información de EFE)
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