El Gobierno ecuatoriano redujo las muertes y el hacinamiento en las cárceles a un año de la masacre más sangrienta en una prisión

A un año de la masacre carcelaria más sangrienta del Ecuador, que dejó al menos 122 reos asesinados, las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral, la entidad encargada del manejo de las prisiones ecuatorianas, anunciaron que durante el 2022 se redujeron en un 65 % las muertes violentas en comparación con el año anterior. La violencia en las prisiones ya cuenta más de 400 muertos, desde 2021.

Según, Pablo Ramírez, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), la disminución de los asesinatos dentro de las cárceles se debe a que el hacinamiento se redujo del 26 % registrado en 2021 al 7 %. En lo que va del 2022, 90 reos han sido asesinados en las prisiones de Ecuador, mientras que el año anterior hubo 316 reos asesinados. Según las autoridades, estas muertes son producto de las pugnas entre bandas criminales que buscan obtener el control de las prisiones.

Los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), liderados por Stuardo Ralón, vicepresidente de CIDH y Relator para Personas Privadas de la Libertad mantuvieron una reunión con las autoridades ecuatorianas para evaluar el cumplimiento de 39 recomendaciones realizadas en diciembre de 2021. En su último informe sobre el estado de las prisiones en Ecuador, la CIDH reclamó a Ecuador recuperar el control de las cárceles y darle condiciones dignas a los presos, además de desarrollar una política enfocada en la prevención del delito y no en el endurecimiento de las penas cuya sanción es la cárcel.

De acuerdo con Ramírez, las recomendaciones de la CIDH han sido cumplidas en un 99% “a través de planes, programas y proyectos; considerando que estas acciones se han enfrentado como Estado en el marco de una planificación trazada desde 2022 hasta 2025″.

Una de las acciones que el gobierno ha impulsado es el censo penitenciario. En las reiteradas masacres, sobre todo en la más sangrienta del 2021, las autoridades constataron que había reos que no tenían ni siquiera sus documentos de identidad.

El censo penitenciario se realiza en las cárceles de todo el Ecuador y ha registrado a 15.011 personas, equivalente al 45 % del total de los reclusos que pagan sus penas en el sistema carcelario ecuatoriano. El SNAI ha informado que “este proceso ha contado con la predisposición de los internos, quienes han brindado su información de manera oportuna”.

Otro de los ejes para recuperar el control de las cárceles es formar a 1.300 agentes de seguridad y vigilancia penitenciaria. A ellos se sumarán 100 inspectores educadores que cumplirán su labor en los 11 centros de adolescentes infractores.

En las 36 prisiones del país hay alrededor de 1.700 agentes, para más de 33.000 presos. Esto implica que un agente desarmado tiene bajo su control a 20 presos, muchos de ellos armados.

El gobierno de Guillermo Lasso, cuya administración ha debido afrontar cinco masacres en prisiones, ha asegurado que la crisis penitenciaria de Ecuador es responsabilidad de varios gobiernos. En un comunicado, el SNAI aseguró que la situación de las cárceles es “producto del abandono estatal por muchos años, requiere de un trabajo integral y consistente en el tiempo”.

Lasso declaró en emergencia el sistema carcelario, en septiembre de 2021, y desde entonces las autoridades aseguran que han adquirido equipos de seguridad para los centros penitenciarios como escáneres, rayos X y detectores de metales, para impedir el ingreso de armas y otros artefactos prohibidos.

A pesar de que la policía realiza requisas en las distintas prisiones del país, en las que confisca armas de fuego y armas blancas, droga, celulares y dinero en efectivo, entre otros artefactos, hasta el momento las autoridades no responden con claridad cómo ese arsenal ingresa a las cárceles.

El informe de la CIDH y las investigaciones periodísticas han señalado a la corrupción como uno de los principales problemas en las prisiones. Hay casos en los que policías, militares y guías penitenciarios han intentado ingresar municiones y armas a estos centros.

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