Tras las masivas protestas que se originaron el 11 de julio 2021, la dictadura cubana recrudeció la persecución contra la disidencia. Este lunes Prisoners Defenders difundió un informe en el que señala que, desde el 1 de agosto del año pasado hasta el 31 de julio de 2022, se registraron un total de 1.251 presos políticos.
La organización que vela por los derechos humanos indicó que todas las personas detenidas arbitrariamente por el régimen de Miguel Díaz-Canel son torturadas. Asimismo, denunció que “numerosísimos niños y niñas han sido detenidos y condenados a durísimas penas por ejercer su libertad de manifestación y ‘asociación’”.
Hasta el pasado 31 de julio, 1.002 presos políticos sufrían condenas judiciales, así como disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías “sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso”.
De esos 1.002, aún están cumpliendo sentencia o medidas cautelares 32 niños y 6 niñas, mientras que 4 niñas y 22 niños ya han sido sentenciados: 16 de ellos por cargos de “sedición”, a una pena media de cinco años de privación de libertad, tras las “rebajas” en los procesos de apelación y casación. Otros 155 manifestantes, mayores de edad, fueron sentenciados por el mismo motivo.
Prisoners Defenders apuntó que 697 prisioneros de conciencia sentenciados “siguen aún en la lista con penas entre 1 y 25 años”. Otros presos políticos -12 de ellos- cargan con condenas de 30 años y hasta cadena perpetua.
Además, al menos 122 mujeres (incluyendo las de género trans) siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia.
Los 1.002 presos políticos son clasificados de la siguiente forma: 729 convictos de conciencia; 242 condenados de conciencia; y 31 casos de otros presos políticos.
De esta manera, en base a los datos aportados por la ONG, en un año el nivel de persecución creció de manera dramática. El mes de agosto de 2021 comenzó con 272 presos políticos; 12 meses después esa cifra ascendió a los 1.251 reportados por Prisoners Defenders.
“La gran mayoría de los presos de condenas más leves (hasta un año) ya no están en la lista de prisioneros políticos, por lo que es de esperar que, si siguen aflorando casos mes a mes, el número total de prisioneros políticos no baje ya fácilmente del millar a pesar de todo el tiempo, más de un año, que ha transcurrido desde las primeras encarcelaciones”, agregó la ONG en su informe.
Entre la población perseguida por la dictadura hay más de 11.000 civiles -en su mayoría jóvenes negros no pertenecientes a organizaciones opositoras-, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren condenas “pre-delictivas”. Es decir, sin delito alguno cometido.
Según el Código Penal de la dictadura castrista, éstas serían personas con tendencia a poder cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”.
“Así, se les imponen penas de 1 a 4 años de prisión sin delito ni investigado, ni sucedido, ni cometido, ni tentativo. Lógicamente, estas penas se aplican desde la juventud a todos aquellos que osen mostrar desafecto por las políticas gubernamentales. También se emplean para satisfacer actos represivos personales y abusos de poder de tipo local. En estos casos no hay proceso penal como tal, no hay defensa posible, ni siquiera de forma hipotética”, denunció Prisoners Defenders.
El informe completo:
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