
La violencia está llevando a dos municipios de Panamá a recurrir nuevamente a restricciones de movilidad como herramienta de seguridad.
Mientras San Miguelito, el segundo distrito más poblado del país, analiza aplicar medidas extraordinarias en algunos de sus corregimientos, Antón, en la provincia de Coclé, ya decretó un toque de queda para menores de 18 años en Antón cabecera y Río Hato.
La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, reveló que recibió una solicitud del director de la Policía Nacional para establecer temporalmente restricciones de movilidad en determinados corregimientos.
La propuesta surge después de que el distrito superara los 70 homicidios en lo que va de 2026, según las cifras mencionadas por la propia funcionaria.
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Hernández identificó a Belisario Frías, Belisario Porras y Omar Torrijos entre los corregimientos más golpeados por la criminalidad.

Aunque todavía no se han definido horarios ni las áreas que quedarían sujetas a la medida, la Alcaldía se encuentra evaluando las alternativas planteadas por la Policía Nacional antes de anunciar una decisión.
“Estos no son simples números”, expresó Hernández al referirse a las víctimas y las familias afectadas por la violencia.
La alcaldesa reconoció que los programas culturales, académicos y deportivos desarrollados durante los últimos dos años no han sido suficientes para contener la situación, por lo que reclamó un mayor acompañamiento de los organismos de seguridad.
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Las estadísticas oficiales ya mostraban a mitad de año la dimensión del problema. Entre enero y junio, San Miguelito acumuló 54 víctimas de homicidio, equivalentes al 18% de las 300 registradas en todo Panamá, según el Ministerio Público. En igual periodo de 2025 habían sido 52, por lo que el número aumentó 4% interanual.
El comportamiento posterior explica la alerta de las autoridades: si los más de 70 homicidios reportados ahora por Hernández corresponden al acumulado de 2026, significa que desde julio se han sumado al menos 17 víctimas adicionales a las 54 contabilizadas oficialmente hasta el cierre de junio.
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La preocupación también tiene un componente juvenil. En todo el país, durante el primer semestre 20 víctimas de homicidio tenían entre 15 y 17 años, mientras otras cinco tenían entre 10 y 14. El grupo de 18 a 24 años concentró 75 muertes, una cuarta parte del total nacional, según el informe estadístico del Ministerio Público.
Además, las armas de fuego continúan dominando ampliamente estos hechos. De los 300 homicidios registrados en Panamá hasta junio, 255, equivalentes al 85%, fueron cometidos con armas de fuego. Otros 24 casos involucraron armas blancas y ocho correspondieron a asfixia mecánica, una composición que refleja el peso de la violencia armada en las estadísticas nacionales.
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San Miguelito ya tiene antecedentes recientes con este tipo de restricciones. En septiembre de 2024, Hernández decretó un toque de queda para menores de edad, acompañado de coordinaciones entre la Policía Nacional, la Policía de Niñez y Adolescencia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Las autoridades debían elaborar informes quincenales sobre los resultados de los operativos.
El Ministerio de Seguridad señaló posteriormente que los toques de queda para menores fueron utilizados en San Miguelito y Colón debido al incremento de delitos con armas de fuego relacionados con adolescentes. La medida formó parte de una estrategia que también incluyó programas preventivos y centros de formación para jóvenes en riesgo social.
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Antón ya tomó la decisión
Mientras San Miguelito todavía evalúa su próximo paso, el alcalde de Antón, Eric Domínguez, firmó el Decreto Alcaldicio N.º 18-26, fechado el 14 de agosto de 2026, que establece toque de queda para menores de 18 años en los corregimientos de Antón cabecera y Río Hato, dos zonas del distrito coclesano.

La restricción se aplicará entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. a partir del 14 de agosto, según el documento. Durante ese periodo, los menores no podrán permanecer en calles, vías, parques, plazas y demás espacios públicos, salvo que se encuentren dentro de las excepciones contempladas por el decreto.
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Entre ellas figuran los menores acompañados por su padre, madre, tutor o representante legal; quienes se trasladen directamente hacia o desde un centro educativo o lugar de trabajo; aquellos que atiendan una emergencia o acompañen a una persona en situación de urgencia, y quienes participen en actividades educativas, deportivas, culturales, religiosas o comunitarias autorizadas.
El decreto sustenta la decisión en un incremento de hechos violentos y delictivos en Antón y Río Hato y señala que algunos han alterado el orden público y afectado la integridad física y patrimonial de residentes. También hace referencia a la presencia de menores sin supervisión adulta durante horas nocturnas como uno de los factores considerados por la Alcaldía.
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Las cifras del Ministerio Público muestran que Coclé contabilizó ocho víctimas de homicidio entre enero y junio de 2026, frente a seis durante el mismo periodo del año anterior. Esto representa un incremento de 33%, aunque sus niveles absolutos permanecen considerablemente por debajo de los registrados en Panamá, San Miguelito y Colón.
Las decisiones colocan nuevamente sobre la mesa el debate sobre los toques de queda como respuesta a la criminalidad. San Miguelito estudia una nueva restricción después de superar los 70 homicidios, mientras Antón ya optó por limitar durante nueve horas la circulación nocturna de menores en dos de sus corregimientos, en momentos en que la violencia vuelve a presionar las estrategias locales de seguridad.
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