Un hombre paso más de siete años en la cárcel por un homicidio que no cometió y ahora demanda al Estado por el daño moral sufrido.
Ricardo De La Fuente fue condenado en 2009 con 12 años de prisión por el homicidio en Maldonado de su pareja Laura Busquet, en ese entonces de 17 años y asesinada a golpes. Según el estudio forense, las heridas de la víctima coincidían “milimétricamente” con la forma de los anillos del hombre. El fiscal se basó en ese informe y consideró las pruebas como suficientemente contundentes para condenarlo.
Sin embargo, tras 10 años, varios estudios y el cuestionamiento de la junta médica, De La Fuente recuperó su libertad. El cuestionamiento de los integrantes de la junta se basaba en que el informe que hacía referencia al vínculo entre las lesiones de la víctima y el anillo del acusado no tenía en cuenta la elasticidad de la piel, “que por esta condición no necesariamente reproduce fielmente las dimensiones de un objeto contundente”, explica.
Además, señalaron que las lesiones fueron fotografiadas de una manera cuestionable, incluso algunas de ellas “se realizaron posteriormente a la sutura de la piel, lo cual las invalida”.
Con esta información y el interés por parte del juez, la investigación dio un giro radical, debido a que el anillo era la prueba principal que vinculaba al hombre como el responsable por la muerte de Busquet. Otros aspectos como la relación sentimiental, las características de las relaciones sexuales que mantenían y su conociminto de artes marciales tampoco eran lo suficientemente contundentes como para vincularlo con el homicidio.
En ese contexto y con la falta de rastros de ADN del encausado en la escena del crimen, el magistrado entendió que no había “plena prueba” de que Ricardo De La Fuente hubiera sido el homicida de Laura Busquet. Así fue que, en julio de 2019, se dictó la sentencia absolutoria que quedó firme un año después.
De La Fuente había estado siete años preso hasta que en mayo de 2016 la Suprema Corte de Justicia le concedió la libertad por gracia. Ahora entiende que sus derechos fueron vulnerados por el Estado y reclama USD 2.174.718, según informó El Observador. El daño moral lo separa en tres situaciones, siendo la primera de ellas la privación de libertad por siete años, luego la estigmatización que sufrió por el délito que se le imputó y en última instancia por la pérdida de dinero que significó estar preso por tantos años.
En la demanda aparece el estudio de una psicóloga forense que confirma lo afectado que está: “En diferentes momentos le vienen imágenes de cuando estaba en prisión, recuerdos de momentos traumáticos en cualquier momento del día. El flashback forma parte de los síntomas de trastorno por stress post traumático”.
Los abogados defensores, por su parte, señalaron que la Justicia se opuso reiteradas veces a los pedidos de excarcelación a pesar de que el informe del Instituto Forense había descartado una correspondencia entre el anillo de su cliente y las heridas de la víctima.
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