El gobierno boliviano se sumerge en una riesgosa crisis económica

Bolivia acaba de convertirse en importador neto de combustibles después de treinta años de haber sido neto exportador, sobre todo de gas natural a Argentina y Brasil. Las exportaciones de gas hacia esos países entre enero y abril, dice el Instituto de Estadísticas, produjeron ingresos por 910 millones de dólares, mientras las importaciones de gasolina y diésel costaron 985 millones.

Esto ha provocado que Bolivia tenga que reducir los volúmenes de gas que debe enviar a Brasil, y optó por enviar esos volúmenes hacia Argentina, y ahora tiene que pagar una multa a los brasileños.

La decisión de discriminar a Brasil ha sido criticada, sobre todo por quienes desconfían de la capacidad de Argentina de pagar 20 dólares por millón de BTU, frente a los 7 que pagan los brasileños.

Los expertos dicen que la tendencia de esas dos curvas del comercio exterior podría acentuarse porque la producción de gas está en descenso y obligó a la reducción de los volúmenes de exportación, mientras las importaciones siguen creciendo.

La caída de los ingresos pone en riesgo los bonos del proyecto populista, como el que reciben los mayores de edad, de unos 50 dólares al mes, además de bonos para recién paridas y escolares. Las inversiones extranjeras han caído no solamente en el sector petrolero, y Bolivia figura en la cola de los países que las reciben en la región, según América Economía.

También está en riesgo la paridad cambiaria, que se mantuvo firme desde 2011, pero ahora tambalea por la caída de las reservas del Banco Central.

Esto se produce cuando el debate interno en Bolivia se concentra en otra actividad económica, aunque ilegal, que es el narcotráfico, pero que ha cubierto casi toda la geografía del país.

La dirección de aeronáutica dice que en este momento, por cada pista de aterrizaje autorizada existen en Bolivia tres ilegales donde opera el narcotráfico. En los últimos dos meses, el gobierno capturó 151 avionetas que operaban en las pistas clandestinas que sirven a la industria de la cocaína.

En los últimos días, narcotraficantes bolivianos y colombianos mataron a tres policías en la región del parque Amboró, que está ocupado por cocaleros y fabricantes de droga instalados por las FARC, según dice el semanario Siglo 21.

El debate sobre este tema ha invadido todos los ámbitos pero sobre todo en el partido de gobierno, con acusaciones cruzadas entre los aspirantes a copar el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS). El expresidente Evo Morales acusa al gobierno de su pupilo Luis Arce de proteger a algunos narcotraficantes, y lo hace porque quiere la destitución del ministro de gobierno, Eduardo del Castillo.

El ministro estuvo la semana pasada en la reunión de la Unión Europea y la Celac para coordinar tareas contra el narcotráfico y fue elegido copresidente del ente.