El fiscal Ricardo Lackner, a cargo de investigar la fuga del capo de la mafia calabresa, Rocco Morabito, solicitó una audiencia de formalización contra uno de los efectivos policiales vinculados a la fuga ocurrida hace tres años. El delito que se pretende tipificar está vinculado a la corrupción.
Rocco Morabito había sido detenido en 2017 luego de vivir 13 años con una identidad falsa en Punta del Este. La fuga fue en 2019 —mientras estaba a la espera de ser extraditado a Italia— y en mayo de 2021 se lo recapturó en Brasil. Morabito era buscado por la Justicia italiana desde 1995 por ser uno de los cinco hombres más requeridos por tráfico de drogas y asociación ilícita.
La fuga
Corría junio de 2019 y en el piso 6 de la ex Cárcel Central las puertas se abrieron. Allí se encontraba en arresto administrativo Rocco Morabito y tres reclusos más: dos brasileños y un argentino. A través de un boquete, Morabito y dos de ellos subieron a la azotea, entraron a un apartamento del edificio lindero a la cárcel, robaron dinero a su dueña, fueron en taxi a una pizzería ubicada en el barrio de Punta Carretas y viajaron en auto hasta Minas. En tanto, el cuarto recluso salió por la puerta de Jefatura sin despertar sospechas.
Eran cuatro los policías de guardia y un efectivo de la Republicana los encargados de custodiar al capo de la mafia calabresa. ¿Dónde estaban? Dos de ellos en el primer piso, el resto no se sabe. Pero, ante la duda, los centros penitenciarios cuentan con cámaras. ¿Qué es lo que muestran? Nada, porque todo el sistema de filmación del penal había sido extraído dos días antes de la fuga. Las condiciones estaban dadas para una fuga perfecta que, desde un principio, mostraba no haber sido causa de las coincidencias.
Un año antes el Departamento de Análisis e Investigaciones Penitenciarias había alertado sobre la fuga de Morabito con detalles del operativo, según informó El País. La suma de dinero ofrecida a los policías que colaboraran con el escape era de US$ 80.000 y la oferta circulaba a través de otros reclusos.
La investigación
El hecho desató una investigación por parte de Fiscalía y de la policía que continua actualmente para determinar cómo se concretó la fuga y quienes fueron cómplices. El fiscal Ricardo Lackner es quien se encarga de lo ocurrido previo al escape y el fiscal Rodrigo Morosoli quien indaga lo vinculado a la salida de la cárcel.
Al hacerse pública la noticia del cinematográfico escape, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, pidió explicaciones a Uruguay por el caso y prometió que le iba a “dar caza”.
Tres años después de la fuga, Lackner solicitó al Juzgado Especializado en Crimen Organizado una audiencia para imputar a un efectivo policial, declaró a El País el director de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech. Se pretende tipificar algún delito vinculado a la corrupción y el Poder Judicial tiene 20 días para fijar la audiencia.
En este período de tiempo, tres personas fueron formalizadas por cobertura a los fugados, como por ejemplo un ciudadano ruso que los esperaba en la pizzería de Punta Carretas luego de la fuga.
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