El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, Óscar López Jerez, ha ofrecido ahora al juez Jorge Guzmán continuar trabajando en el caso de El Mozote, después de asegurar que ya había nombrado a un sustituto y que le había pedido “agilizar el caso”.
Guzmán fue cesado de su cargo por una reforma a la Ley de la Carrera Judicial aprobada por la Asamblea Legislativa, firmada por el presidente Nayib Bukele y respaldada por la CSJ, que destituye a los jueces salvadoreños por ser mayores de 60 años o con 30 años de servicio. Los jueces sustitutos han tomado posesión de sus cargos durante el fin de semana a pesar de la suspensión de la aplicación de las reformas emitida como medida cautelar por un tribunal salvadoreño.
López ha confirmado al diario La Prensa Gráfica que se ha puesto en contacto con Guzmán, aunque el domingo indicó que ya había nombrado a un nuevo titular para el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, a cargo de Guzmán.
Sin embargo, el nuevo juez, Mario Díaz Soto, de un juzgado de Paz de Morazán, no ha asumido su cargo porque el presidente de la CSJ espera alcanzar un acuerdo con Guzmán.
“Yo le pedí que solicitara ser incluido en el régimen de disponibilidad en forma excepcional y por ser él le iba a conceder diez años”, ha manifestado López. “Ya si él no quiere no podemos obligarlo”, ha agregado.
La Corte Plena ha citado al magistrado este martes para que reconsidere quedarse, pero Guzmán ha declinado encontrarse con López. En este sentido, ha defendido que su decisión “no se trata de un capricho”, sino de que “se vuelva al respeto de la Constitución y la ley”.
“Mantengo mi posición, que solo regresaré si se expulsa del ordenamiento jurídico el inconstitucional decreto 144 -el que dispone el cese de los jueces-”, ha comentado a La Prensa Gráfica.
“No asistiré a la reunión, pues, la salida de esto no es objeto de discusión o negociación”, indicó Guzmán en un escrito, también difundido en redes sociales. Indicó que, de acuerdo con la invitación que recibió, en la misma se hablaría sobre su posible regreso “a continuar tramitando el caso de la masacre El Mozote”.
Guzmán denunció el lunes la destitución de jueces en El Salvador por la reforma judicial y señaló que la toma de posesión de jueces y magistrados sustitutos fue “inconstitucional”.
“Con esa bomba que se ha lanzado al órgano judicial se ha cometido una masacre”, consideró, y agregó que “se ha señalado de corruptos a jueces honestos” que han tenido que “salir por la puerta de atrás, agachados y desconcertados” ante lo ocurrido.
El Ejército de El Salvador ha llegado a bloquear a Guzmán el acceso a archivos relacionados con la matanza a pesar de un pronunciamiento de la Corte Suprema, que concluyó que la inspección de los archivos es legal y no perjudica a las Fuerzas Armadas salvadoreñas.
Guzmán resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que investigara y determinara si el presidente Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército. En estas se pretendía localizar información del operativo militar que derivó en la matanza de El Mozote.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluye que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados presuntamente pertenecientes al Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron a más de mil pobladores del caserío El Mozote y otros lugares cercanos, en el departamento de Morazán, a 180 kilómetros al noreste de la capital del país, San Salvador, en busca de guerrilleros.
El ex juez instructor ordenó la reapertura de la causa por la masacre en septiembre de 2016 tras la anulación de una ley de amnistía. Además, elevó los cargos que enfrentan más de una docena de militares retirados a crímenes de lesa humanidad por la ejecución de unos 1.000 civiles desarmados.
Guzmán agregó que se atendrá a las “acciones de carácter internacional que ya se han promovido ante la negativa de volver a la legalidad”.
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, reformó la Ley de la Carrera Judicial, supuestamente para combatir prácticas corruptas, pero el decreto únicamente señala que la reforma es para “actualizar” la norma.
La ONU y Estados Unidos han criticado la medida, mientras que organizaciones humanitarias señalan que es la “consumación del golpe de Estado” contra el órgano Judicial.
(Con información de EFE y Europa Press)
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