
El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, anunció este martes que el Gobierno adquirirá 100 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer, si bien se prevé que la entrega del inmunizador comenzaría a partir de septiembre.
La cartera de Salud indicó que ya firmó el contrato de compra y se encuentra a la espera de la firma del laboratorio, con el que ya se han logrado contratos anteriormente.
Queiroga precisó que la “autorización” para esta nueva compra la otorgó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y defendió que Brasil es el “quinto país que tiene más dosis de vacunas distribuidas a su población”. “Y tenemos potencial para vacunar a más de 2,4 millones de brasileños al día”, agregó.
Asimismo, precisó que los inoculadores de Pfizer que se comprarán se entregarán a finales de este año, “más de 30 millones en septiembre y los demás en diciembre”.
“Entonces, tenemos vacunas, de reconocida eficacia, probadas por las agencias de salud más estrictas del mundo y vamos a vacunar a todos los brasileños”, dijo el ministro.
Según el consorcio de medios de comunicación que analiza la COVID-19 a diario, Brasil aplicó 53,9 millones de dosis, con 36,5 millones de personas que han recibido al menos una dosis y 18,3 que han adquirido también la segunda.

Por otro lado, Bolsonaro decidió que su gobierno destine 5.500 millones de reales (más de 1.000 millones de dólares) para la producción y distribución de vacunas contra el COVID-19, incluidas 50 millones de dosis del inmunizador de AstraZeneca.
La Secretaría General de la Presidencia informó que el dinero debe garantizar el suministro de estas dosis en el segundo semestre del año y que será un complemento a los 20 mil millones de reales (un poco más de 3.800 millones de dólares) destinados a fines del año pasado para la compra de inmunizadores.
En un comunicado, el Ejecutivo expresó: “Ante este contexto excepcional derivado de la pandemia del COVID-19, que tiene impactos demasiado negativos en la salud pública, la economía y el desarrollo de otras políticas públicas, es imperativo abrir el crédito extraordinario en cuestión”.
Y agregó: “El Estado brasileño redobla sus esfuerzos para garantizar la oferta regular de servicios y programas dirigidos a la población en general, especialmente a los más vulnerables, otorgando a los organismos y agentes públicos el acceso a instrumentos capaces de mitigar los efectos nocivos de pandemia en la sociedad brasileña”.
La decisión del Ejecutivo brasileño llega en momentos de fuertes cuestionamientos en materia de vacunación. Al gobierno de Jair Bolsonaro se le reprocha la lentitud en el proceso de inoculación de la población.
Confirmación de Europa Press
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Indignación en El Salvador: Profesor abusó de dos estudiantes de 9 y 12 años
El Tribunal de Sentencia de Usulután halló culpable a Melvin Javier Osegueda Claros por hechos ocurridos entre febrero y octubre de 2025 en Santiago de María

El gobierno de República Dominicana acelera la entrega de utilería escolar para el año lectivo 2026-2027
La institución reportó 744,489 paquetes ya despachados en el Distrito Nacional y 10 provincias, y anunció operativos reforzados, con jornadas extendidas y más personal, para completar los envíos antes del inicio de clases

El gobierno de Estados Unidos nominó a Natasha Franceschi como embajadora ante Nicaragua
La Casa Blanca informó que envió al Senado la postulación de una funcionaria de carrera del Servicio Exterior Superior, con rango de ministra consejera, para representar al país en Managua

Sancionan con ¢4,6 millones (USD 10 mil) a costarricense que se llevó una papeleta tras ser anulado su voto en elecciones del 2022
El Tribunal Supremo de Elecciones determinó que el ciudadano mantuvo en su poder material electoral oficial sin una causa justificada luego de un incidente ocurrido durante la segunda ronda presidencial en 2022 entre Rodrigo Chaves y José María Figueres.

En República Dominicana piden suspender de urgencia la norma que impide publicar sondeos políticos hasta 2027
Justicia Sin Fronteras llevó al Tribunal Constitucional el artículo 13 del reglamento de la Junta Central Electoral y cuestionó que excede la Ley 20-23



