La ONU alertó sobre el deterioro de los derechos humanos y la extensión de la represión a todos los sectores en Nicaragua

La ONU alertó por el deterioro de los derechos humanos y la extensión de la represión a todos los sectores de Nicaragua, ocho años después del inicio de la crisis política que siguió a las protestas de 2018 en cotra del régimen de Daniel Ortega.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentó este lunes, 21 de septiembre, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe que examina la situación de las libertades fundamentales entre junio de 2025 y junio de 2026.

El informe de la ONU sostiene que Nicaragua atraviesa un deterioro sostenido de derechos humanos porque el Gobierno ha concentrado el control institucional, silenció a opositores y críticos y redujo los espacios cívico, político y religioso. Durante el período revisado, no hubo votos disidentes en la Asamblea Nacional.

La directora de Operaciones Globales de la oficina, Maarit Kohonen, afirmó que “ya no existe el pluralismo político en las instituciones nacionales ni en el ámbito local”. Como prueba, señaló que ninguna de las 185 votaciones de la Asamblea Nacional durante el período analizado registró un voto disidente.

Kohonen indicó que el partido gobernante controla las 153 municipalidades del país. La delegación de Nicaragua no participó en la sesión, después de que el país abandonara el Consejo de Derechos Humanos en 2025, al igual que Estados Unidos e Israel.

Reformas, cierres y detenciones arbitrarias

La representante de la ONU vinculó esos signos de represión con el silenciamiento de opositores y críticos, además de reformas institucionales aprobadas el año pasado. Según expuso, esos cambios subordinaron los órganos de control y otorgaron a la Presidencia la facultad de nombrar al Procurador General de Justicia.

Kohonen advirtió que la reforma constitucional propuesta y aprobada el 1 de septiembre profundizó esa tendencia. La modificación incorpora prohibiciones amplias de participación política con el objetivo de excluir aún más a la oposición, según explicó ante las delegaciones de los Estados miembros.

La oficina documentó el cierre de 56 medios de comunicación y la cancelación de 5.539 organizaciones desde 2018. También reportó hostigamientos contra integrantes de la Iglesia católica y señaló que más de la mitad de las diócesis permanecen sin obispo por el exilio de sus titulares.

El organismo registró al menos 35 detenciones arbitrarias durante los 12 meses estudiados y calificó de “especialmente alarmante” el aumento de muertes de personas bajo custodia estatal. Entre junio de 2025 y 2026 se denunciaron al menos cuatro casos, incluido el del líder indígena miskito Brooklyn Rivera.

“La oficina reitera su llamamiento a Nicaragua para que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, ponga fin a las prácticas de represión y reanude su cooperación con los mecanismos regionales y de Naciones Unidas en materia de derechos humanos”, concluyó Kohonen.