Exsubdirectora de Ingresos en Panamá es investigada por una diferencia patrimonial de $428,000

Maritza Ureña González, quien ocupó la subdirección de la Dirección General de Ingresos (DGI) entre 2019 y 2024, fue aprehendida durante la Operación Tamías por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, en una investigación que estima una afectación económica de aproximadamente $428,000.

La diligencia fue ejecutada por la Fiscalía Superior Anticorrupción y agentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. Ureña González fue localizada en el sector de Cerro Viento, en el distrito de San Miguelito, donde las autoridades también encontraron indicios presuntamente relacionados con el expediente.

Después de su aprehensión, la exfuncionaria quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán realizar las audiencias de legalización, imputación y aplicación de medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.

La investigación comenzó en agosto de 2026, luego de que la Fiscalía Anticorrupción recibiera un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República en mayo. El documento habría detectado una diferencia entre los recursos de origen conocido de Ureña y otras sumas cuya procedencia no pudo ser determinada.

A partir de esos hallazgos, la Contraloría ordenó medidas precautorias sobre el patrimonio de la exsubdirectora. El Ministerio Público sostiene que la diferencia patrimonial provocó una lesión económica cercana a los $428,000, cifra que forma parte de las pesquisas por enriquecimiento injustificado y la posible circulación de fondos sin sustento conocido.

Ureña González ejerció como segunda al mando de la DGI durante la administración de Publio De Gracia, director de la entidad entre 2019 y 2025. Su aprehensión incorpora a otra antigua integrante de la cúpula tributaria a las investigaciones patrimoniales desarrolladas durante los últimos meses por las autoridades anticorrupción.

De Gracia permanece detenido provisionalmente por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, ambos agravados. La investigación contra el exdirector comenzó el 25 de mayo de 2026, después de que una auditoría identificara $724,682.39 sin justificación dentro de su patrimonio.

El informe examinó el periodo comprendido entre 2019 y 2024. Según la información presentada durante las audiencias, De Gracia recibió ingresos conocidos por aproximadamente $1.7 millones, pero los fondos contabilizados alcanzaron alrededor de $2.4 millones, lo que produjo la diferencia investigada por la Fiscalía Anticorrupción.

El exdirector fue aprehendido el 10 de agosto durante la Operación Cuestor. Un juez de garantías ordenó su detención al considerar la gravedad de los delitos y los riesgos de fuga y afectación de pruebas, mientras su defensa solicitó una medida menos severa y anunció una apelación.

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó el 17 de septiembre la detención provisional de De Gracia. Los magistrados concluyeron que persistía el riesgo de que pudiera afectar elementos probatorios, mientras el informe de la Contraloría y las diligencias del Ministerio Público revelaban la posible comisión de hechos punibles.

La Fiscalía también investiga movimientos de dinero en efectivo, pagos elevados con tarjetas de crédito, transferencias bancarias y traspasos de propiedades, vehículos y deudas. Durante las diligencias fueron aprehendidos tres bienes inmuebles, cuatro cuentas bancarias y seis vehículos de alta gama, entre ellos una Toyota Prado, un Lexus y varios BMW.

Elaine Salterio González, esposa del exdirector, fue imputada por presunto blanqueo de capitales. El tribunal le impuso reporte periódico dos veces por semana, impedimento de salida del país, prohibición de comunicarse con los demás imputados y la obligación de permanecer en el domicilio informado a las autoridades judiciales.

Una tercera investigada, Ninoshka Ríos Samaniego, también compareció ante el Sistema Penal Acusatorio. La Fiscalía aseguró que habría recibido $61,000 en sus cuentas y otros $10,000 como obsequio, dentro de las operaciones financieras que intenta reconstruir para establecer la procedencia y el destino de los fondos.

En el expediente de De Gracia, las autoridades también mencionaron transferencias hacia cuentas de su esposa provenientes de una sociedad vinculada con FCC Construcción. La empresa habría obtenido exoneraciones fiscales cercanas a $16 millones durante un proceso ante la DGI, uno de los movimientos incorporados al análisis financiero presentado por la Fiscalía.