
Siete médicos y exmédicos del Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP) y un funcionario del sistema penitenciario fueron detenidos por su presunta participación en una estructura que habría permitido al narcotraficante albanés Dritan Rexhepi aparentar que cumplía las condiciones de su prelibertad cuando ya había abandonado Ecuador.
La Policía y la Fiscalía ejecutaron 11 allanamientos en Guayaquil, Quito y Macas después de una investigación de aproximadamente ocho meses. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que los detenidos son investigados por presunta delincuencia organizada y delitos asociados, entre ellos fraude procesal, suplantación de identidad y falsificación y uso de documentos falsos.
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La operación vuelve sobre una trama que Infobae documentó desde 2022, cuando reveló que las autoridades ecuatorianas habían perdido el rastro de Rexhepi y posteriormente accedió a los registros oficiales que mostraban firmas inconsistentes, certificados médicos cuestionados y una dirección que no correspondía al lugar donde realmente residía el albanés.

Rexhepi había sido detenido en Ecuador en 2014 y condenado a 13 años de prisión por narcotráfico. En noviembre de 2021 obtuvo la prelibertad. Entre las condiciones impuestas estaba presentarse cada 15 días en la Casa de Confianza de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde debía registrar su asistencia.
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La nueva investigación establece que Rexhepi salió de Ecuador el 7 de septiembre de 2022 por el paso fronterizo de Rumichaca, utilizando una identidad falsa. Sin embargo, después de esa fecha continuaron apareciendo registros que pretendían demostrar que permanecía en el país y cumplía las obligaciones establecidas judicialmente.
Según Reimberg, para sostener esa apariencia se habrían utilizado documentos fraudulentos, firmas falsas y certificados médicos irregulares. La investigación también detectó un mecanismo para simular las presentaciones: una reproducción de la huella dactilar de Rexhepi habría sido colocada en un guante de látex para registrar su supuesta presencia.
Infobae había revelado en marzo de 2023 que el Gobierno ecuatoriano había perdido el rastro del albanés y que existían sospechas de que otra persona firmaba los registros de presentación en su nombre. Dos fuentes, una del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y otra de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía, confirmaron entonces a este medio que esa posibilidad estaba siendo considerada.
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Un mes después, Infobae accedió a la documentación oficial entregada por el SNAI al entonces legislador Fernando Villavicencio. Los expedientes mostraban que, durante su prelibertad, Rexhepi registraba 22 presentaciones y 14 ausencias justificadas.
Los documentos también mostraban diferencias entre las firmas atribuidas al narcotraficante. Un oficio del 20 de abril de 2023 de la Subdirección de Medidas Cautelares y Ejecución de Penas del SNAI advertía sobre “inconsistencias e irregularidades” en esos registros.

Los justificativos médicos también presentaban anomalías. Infobae comprobó que documentos correspondientes a diciembre de 2022 y enero de 2023 repetían diagnósticos, síntomas y hasta valores de saturación y ritmo cardíaco pese a haber sido elaborados en fechas diferentes. En otra historia clínica, utilizada para justificar una ausencia en marzo de 2023, Rexhepi aparecía descrito como un paciente de 64 años cuando tenía alrededor de 42.
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Tras conocer estos documentos, Villavicencio presentó una denuncia ante la Fiscalía y solicitó investigar a siete funcionarios del SNAI, al defensor público de Rexhepi y a seis médicos del Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil que habían emitido certificados médicos utilizados para justificar sus ausencias.
Las autoridades no han informado todavía si esos seis médicos corresponden a parte de los siete profesionales detenidos en la operación ejecutada este fin de semana.
Rexhepi fue capturado en Estambul en noviembre de 2023 y posteriormente extraditado a Albania. La investigación abierta en Ecuador busca ahora determinar quiénes hicieron posible que, mientras estaba fuera del país, los registros estatales continuaran mostrando que cumplía las obligaciones de una sentencia que todavía estaba vigente.
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