
El 21 de septiembre en un informe oral presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania denunció una alarmante práctica dentro del conflicto armado: el reclutamiento engañoso de ciudadanos extranjeros procedente de diversos continentes entre ellos latinoamericanos para combatir en las filas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.
De acuerdo con lo detallado por Erik Møse, presidente de la Comisión, agentes e intermediarios captaron a estas personas prometiéndoles lucrativos puestos de trabajo en el sector civil dentro de Rusia.
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Sin embargo, poco después de desembarcar en territorio ruso, los extranjeros fueron obligados a firmar contratos con el Ministerio de Defensa. La gran mayoría no entendía el idioma ruso ni comprendía las cláusulas del documento, encontrándose de manera repentina sirviendo en la primera línea del frente de batalla.
La ONU señaló además que otros ciudadanos extranjeros residentes en Rusia, entre ellos personas que cumplían condenas en prisiones, sufrieron presiones y coerciones por parte de las autoridades rusas para ir a combatir.
Una gran parte de quienes fueron reclutados bajo estas modalidades fallecieron poco después de llegar al frente, resultaron herido, fueron capturados por las fuerzas ucranianas otros permanecen desaparecidos.
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Sus familiares en sus países de origen enfrentan la angustia de buscar respuestas desde la distancia, chocando de forma sistemática con el bloqueo de comunicaciones por parte de los reclutadores.

Ante el impacto físico y psicológico provocado a las víctimas y sus familias, la Comisión subrayó la importancia de aplicar medidas de rendición de cuentas, tanto judiciales como no judiciales. Asimismo, anunció que presentará un informe detallado con los nombres de los países identificados, cifras consolidadas y datos recolectados durante la Asamblea General de la ONU en octubre de 2026.
Contexto y antecedentes: la red de captación en América Latina
Los hallazgos revelados por el organismo internacional coinciden con las investigaciones periodísticas e institucionales que han documentado el alcance de estas redes en América Latina.
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Desde abril de este año, una investigación realizada por Infobae ha seguido de cerca la situación de familias latinoamericanas afectadas por este fenómeno.
Infobae logró contactar a madres, esposas y hermanos de ciudadanos salvadoreños atrapados en el conflicto, contabilizando a la fecha más de 15 casos de nacionales de El Salvador trasladados a Rusia bajo engaños de ofertas de empleo civil.

Los antecedentes reportados en la región centroamericana y el Caribe muestran un patrón organizado e interconectado:
- Honduras: A mediados de junio de 2026, un grupo de seis ciudadanos hondureños logró regresar a salvo a su país tras haber sido víctimas de trampas de reclutamiento forzoso camufladas como falsas promesas de empleo en territorio ruso.
- Panamá: En agosto pasado, las autoridades panameñas gestionaron el retorno de 11 compatriotas desde la Federación de Rusia y 6 desde Ucrania. La Cancillería y las embajadas correspondientes coordinaron las gestiones diplomáticas para lograr su desvinculación de las fuerzas armadas y garantizar un regreso seguro.
- República Dominicana: Reportes e investigaciones en el Caribe reflejan un impacto aún mayor. Un comité de Derechos Humanos de República Dominicana confirmó a Infobae que más de 150 dominicanos han viajado para involucrarse en el conflicto en Rusia, de los cuales al menos 50 firmaron contratos directamente, desempeñándose como mercenarios.
A raíz de estos hechos, los Ministerios Públicos de varios países de la región mantienen investigaciones abiertas para desarticular a las redes de intermediarios acusadas de engañar y reclutar jóvenes. Asimismo, en los últimos años se han registrado y documentado casos con dinámicas similares en Colombia, Bolivia, Perú, Cuba y Brasil.
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