Denuncias por delitos vinculados con adolescentes aumentaron 20.5% en Panamá

Las fiscalías superiores de adolescentes recibieron 3,514 denuncias por hechos delictivos ocurridos entre enero y agosto de 2026, un aumento de 20.5% frente a las 2,916 registradas durante igual periodo de 2025. La diferencia representa 598 reportes adicionales, según cifras preliminares del Ministerio Público.

Los delitos contra la libertad e integridad sexual continuaron encabezando el informe, con 1,209 denuncias, 65 más que las 1,144 contabilizadas en 2025. Aunque el incremento fue de 5.7%, esta categoría concentró el 34.4% de todos los hechos reportados durante los primeros ocho meses del año.

El mayor salto se produjo en los delitos contra la vida y la integridad personal, que aumentaron 54.2%, al pasar de 480 a 740 denuncias. Los casos contra el orden jurídico familiar y el estado civil subieron de 226 a 344, lo que representa un crecimiento de 52.2%.

También aumentaron los delitos contra el patrimonio económico, de 531 a 608, y aquellos relacionados con la seguridad colectiva, que avanzaron de 463 a 543. Las denuncias contra la libertad pasaron de 28 a 41, mientras los reportes contra la seguridad de los medios electrónicos permanecieron en cuatro.

En las categorías menos frecuentes, los delitos contra el orden económico subieron de dos a cinco; los relacionados con la administración de justicia aumentaron de seis a siete y los ambientales, de tres a cuatro. Hubo un caso contra la personalidad jurídica del Estado y ninguno contra la humanidad.

En contraste, los delitos contra la administración pública disminuyeron de 18 a uno. Los reportes contra el honor bajaron de cuatro a dos, mientras aquellos contra la fe pública retrocedieron de siete a cinco. Estas categorías pequeñas registran variaciones porcentuales pronunciadas ante cambios de pocos casos.

Todas las áreas geográficas reportaron aumentos. Panamá encabezó la estadística con 899 denuncias, seguida de Panamá Oeste con 591, Chiriquí con 536 y Bocas del Toro con 362. Luego aparecen Colón con 241, San Miguelito con 228, Veraguas con 215 y Coclé con 166.

Herrera sumó 112 denuncias, Los Santos 88 y Darién 76. Sin embargo, el mayor crecimiento porcentual ocurrió en Veraguas, donde los registros aumentaron 66.7%, seguido de Bocas del Toro, con 36.1%; Colón, con 33.1%; y Panamá Oeste, con 26%.

La actividad judicial también se intensificó. Las fiscalías participaron en 5,761 audiencias, 21.2% más que las 4,755 efectuadas en 2025. Entre ellas hubo 1,461 ante jueces de cumplimiento, 653 innominadas, 631 de imputación, 429 de lectura de sentencia, 382 sobre medidas cautelares y 374 de acuerdos de pena.

Las medidas cautelares aplicadas bajaron de 776 a 368, una reducción de 52.6%. No obstante, la detención provisional aumentó ligeramente, de 192 a 198 casos, mientras las medidas diferentes al encarcelamiento cayeron de 584 a 170. Así, la prisión provisional representó 53.8% del total aplicado en 2026.

Las causas con salida definitiva aumentaron 8.5%, de 2,024 a 2,197. El principio de oportunidad encabezó los cierres, con 1,139 casos, seguido por 390 salidas mediante sentencia y 385 declinatorias administrativas. También se contabilizaron 82 conciliaciones, 66 sobreseimientos, 55 extinciones de la acción penal y 13 acumulaciones.

El número de sentencias por procedimiento pasó de 315 a 431: 360 se resolvieron mediante acuerdos de pena, 41 por procesos simplificados y 21 en juicios orales. Al medir los fallos por carpeta, el reporte registra 479 decisiones: 476 condenatorias y tres absolutorias, frente a 334 y diez, respectivamente, en 2025.

Los procedimientos alternos crecieron de 1,800 a 1,859. El principio de oportunidad reunió 1,138 aplicaciones; los acuerdos de pena sumaron 375, las conciliaciones 198 y las suspensiones condicionadas 118. Además, se reportaron 16 mediaciones y 14 desistimientos, categoría que no figuraba separadamente en el cuadro de 2025.

El panorama regional no es distinto al panameño. La OPS y Unicef advierten que América Latina y el Caribe mantiene un entorno crítico de violencia armada, desigualdad, crimen organizado y acceso a armas. Entre 2015 y 2022, unos 53,318 niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio, contexto que eleva los riesgos de victimización y vinculación delictiva.

Frente a ese escenario, los organismos internacionales recomiendan combinar prevención temprana, entornos escolares seguros, apoyo familiar y control de armas. Para los adolescentes en conflicto con la ley, la privación de libertad debe ser excepcional, mientras se priorizan la rehabilitación, la reintegración y las soluciones restaurativas.