La Justicia peruana reiteró su rechazo a la petición de prisión preventiva contra Vizcarra por el caso Lava Jato

El Poder Judicial de Perú ha reiterado su rechazo a la petición de prisión preventiva contra el ex presidente peruano Martín Vizcarra por los presuntos casos de soborno en su etapa como gobernador al declarar infundada la petición que presentó el equipo especial del caso ‘Lava Jato’.

La Sala de Apelaciones del Poder Judicial ha confirmado así la decisión del pasado 18 de marzo de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho que negó el arresto preventivo de Vizcarra por 18 meses por los delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo impropio, tal y como pedía la Fiscalía, que presentó un recurso de apelación a esta decisión.

La jueza argumentó entonces que Vizcarra no representaba peligro de fuga ni de obstaculización al caso por el que se le investiga, según ha informado el medio peruano ‘La República’.

Por otro lado, la Justicia peruana ha mantenido la imposición de restricciones a Vizcarra, entre ellas la prohibición de divulgar información a los medios de comunicación sobre la investigación de la Fiscalía y una caución de 250.000 soles (cerca de 70.000 dólares), una cantidad superior a los 100.000 soles (unos 27.000 dólares) impuestos en la decisión de la jueza Álvarez Camacho hace unas semanas.

La petición de prisión preventiva está basada en los presuntos sobornos por las obras del proyecto Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua cuando ocupaba el cargo de gobernador de esta región en 2013 y 2014. Vizcarra ya había anticipado que el pedido de prisión preventiva “no iba a prosperar” porque “no hay argumentos”.

Este mismo caso, vinculado al ‘Club de la Construcción’ -- un consorcio de empresarios que, a cambio de contratos de obras públicas, hacía pagos a funcionarios--, provocó su salida de la presidencia en noviembre de 2020 y le impide salir del país por una orden judicial, informa el medio peruano RPP Noticias.

En el caso del proyecto Lomas de Ilo, Vizcarra habría recibido un pago ilícito de un millón de soles (cerca de 270.000 dólares) del consorcio Obrainsa-Astaldi, según reveló ‘El Comercio’ y parte de los sobornos se habrían pagado con el alquiler de una avioneta para trasladar a un grupo de funcionarios bolivianos que viajaban entre las ciudades de Lima e Ilo para reunirse con el exmandatario, a petición de él mismo.

Respecto al Hospital Regional de Moquegua, según destapó el mismo diario, el consorcio de ICCGSA e Incot pagó 1,3 millones de soles (más de 350.000 dólares).

Vizcarra, ahora candidato al Congreso por el partido Somos Perú, ha rechazado en diversas ocasiones las acusaciones señalando que se trataban de testimonios que intentaban “desestabilizar al país”, si bien en noviembre de 2020 la jueza Álvarez Camacho dictó la prohibición de salida del país durante 18 meses para el expresidente en relación a estos presuntos casos de corrupción.

(Con información de Europa Press)

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