La Corte Electoral uruguaya comenzó este martes el escrutinio secundario de los votos emitidos en el balotaje del domingo para oficializar al ganador de los comicios, en los que el centroderechista Luis Lacalle Pou obtuvo la mayoría de votos. En poco más de 24 horas se completó el recuento en nueve departamentos, en los que se registró un leve aumento de la ventaja a favor del postulante opositor.
Lacalle Pou sumó 491 votos más de los que había obtenido el domingo, y el oficialista Daniel Martínez perdió 142, según informa El País. Si esta tendencia se mantiene, será imposible para Martínez revertir la diferencia.
Por esa razón, el gobierno y el Frente Amplio ya preparan la transición. El presidente Tabaré Vázquez tiene pensado reunirse el lunes con Lacalle Pou para comenzar a discutir el cambio de mando, informó El Observador.
Martínez dijo que va a esperar el resultado del escrutinio secundario para reconocer la derrota. Pero el pasado lunes se comprometió a saludar personalmente a Lacalle Pou “cuando se confirme que él es electo”.
Lacalle Pou obtuvo 1,168 millón de votos en el balotaje, frente a 1,139 de su rival, una diferencia de menos de 30.000 votos que es, a su vez, inferior a los votos “observados” —cuando los electores sufragan en circuitos que no les corresponden o no figuran en el padrón—, que totalizan 35.000 y que siempre demoran en contabilizarse, pues debe cotejarse la identidad del votante en el padrón electoral. Según la consultora en estadísticas Enia, Martínez necesitaría que 91% de los votos “observados” le fueran favorables para torcer el resultado del escrutinio primario.
El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, adelantó que el resultado final se conocerá entre jueves y viernes. Además del proceso de los votos “observados”, el escrutinio secundario contabiliza voto a voto en cada uno de los 19 departamentos en los que se divide Uruguay.
Los delegados de los partidos que asisten a los conteos departamentales pueden pedir al organismo electoral que considere válidos votos que fueron anulados por alguna anomalía, como una papeleta en mal estado, por ejemplo. Los votos anulados que luego son aceptados como válidos son históricamente escasos. En la primera vuelta electoral de octubre, los votos anulados que fueron finalmente contabilizados apenas alcanzaron 1.700, una cifra que no afecta el resultado de la elección, explicó a la agencia AFP Federico Comesaña, director de Enia.
Con 48,71% de los sufragios para Lacalle Pou y 47,51% para Martínez, una diferencia en números absolutos de apenas de 30.000 votos, el electorado uruguayo quedó partido en dos, aunque tras la primera vuelta, que definió la composición del Congreso, Lacalle Pou —al frente de una coalición de cinco partidos— tendrá mayoría parlamentaria para gobernar a partir del primero de marzo de 2020.
MÁS SOBRE ESTE TEMA:
Últimas Noticias
¿Qué hacer ante un accidente vial? Estas son las recomendaciones de Cruz Roja Salvadoreña
Con más de 18.000 siniestros registrados en El Salvador durante 2026, la institución advierte sobre errores comunes de testigos que pueden agravar las lesiones de las víctimas o costar vidas
Denuncian que los hermanos Arévalo llevan más de cuatro meses detenidos por protestar contra los apagones en Cuba
Yoan permanece incomunicado en el Combinado del Este y su hermano Yosvan reporta una pérdida progresiva de visión en el campamento Toledo I
Las cárceles latinoamericanas son cuarteles del crimen organizado y los Estados no consiguen retomar el control
Jefes de pandillas transnacionales dirigen operaciones, recaudan ingresos ilícitos y viven con lujos dentro de prisiones que los gobiernos de la región ya no administran con eficacia
Panamá busca digitalizar un millón de planos de agrimensura para modernizar sus registros de tierras
El proyecto contempla la creación de un sistema nacional de consulta territorial, con herramientas de búsqueda avanzada, georreferenciación y conservación documental.
El vicepresidente de El Salvador admite que persisten las causas del régimen de excepción y evita prever su levantamiento
La suspensión de dos garantías constitucionales, vigente desde marzo de 2022, se prorroga cada 30 días por decisión legislativa y permite detenciones sin orden judicial en el combate contra las pandillas
