La Registraduría Nacional del Estado Civil descartó un acceso no autorizado a sus sistemas de información tras publicaciones en redes sociales que alertaron sobre una presunta filtración de datos de ciudadanos.
La entidad indicó que revisó registros de auditoría, mecanismos de monitoreo, trazabilidad de accesos y pruebas digitales. Según el comunicado, no halló indicios de intrusión o vulneración en sus plataformas.
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“No se identificó ninguna intrusión ni acceso no autorizado a sus sistemas de información”, señaló la Registraduría.
El pronunciamiento se produjo después de que un usuario de un foro de venta de datos robados afirmara tener información de 41,4 millones de personas, entre fotografías, huellas y datos de identificación. Esa versión no ha sido verificada de manera independiente.
La entidad mantendrá el monitoreo sobre el Archivo Nacional de Identificación
La Registraduría recordó que el Archivo Nacional de Identificación (ANI) tiene protocolos técnicos para proteger la confidencialidad e integridad de los registros ciudadanos.
“La información del Archivo Nacional de Identificación cuenta con estrictas medidas de protección, respaldadas por garantías técnicas y protocolos de seguridad”, afirmó.
La institución anunció que mantendrá activos los mecanismos de control y el monitoreo permanente de sus bases de datos.
Gobierno de Abelardo de la Espriella denunció que habría un plan para atentar contra el registrador Hernán Penagos
El Gobierno nacional recibió una alerta sobre un supuesto plan para atentar contra el registrador nacional Hernán Penagos. La información habría surgido en un centro penitenciario, donde un detenido habría revelado detalles sobre una posible acción contra el jefe de la organización electoral.
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El ministro de Justicia, Iván Cancino, puso el caso en conocimiento del presidente Abelardo de la Espriella, del vicefiscal general encargado, Gilberto Guerrero, y del propio Penagos, según informó Caracol Radio.
Las autoridades iniciaron la verificación de la alerta y evalúan medidas para reforzar la seguridad del registrador. Por ahora, no se conocen públicamente detalles sobre el eventual atentado ni sobre sus posibles responsables.
Penagos fue notificado mientras se encontraba en Brasil, donde participa como jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales para las elecciones presidenciales de ese país.
El vicepresidente José Manuel Restrepo rechazó las amenazas y respaldó la gestión del registrador. “Rechazo total a cualquier amenaza a la vida de cualquier persona, de cualquier funcionario público”, afirmó.
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El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, también solicitó reforzar de inmediato el esquema de protección e identificar a los responsables. “La democracia no se amedrenta”, señaló la Procuraduría en X.
Datos generales de la Registraduría
La Registraduría Nacional del Estado Civil es una entidad autónoma de la Organización Electoral colombiana. Su función central es registrar los hechos de la vida civil, identificar a los ciudadanos y organizar los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana.
Entre sus principales responsabilidades están:
- Inscribir y expedir copias de los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción.
- Tramitar y expedir documentos de identificación, como la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía y sus duplicados o rectificaciones.
- Administrar el Archivo Nacional de Identificación (ANI), que reúne información vinculada con la identificación de los ciudadanos.
- Elaborar, actualizar y depurar el censo electoral.
- Organizar la logística de elecciones nacionales, regionales, locales, atípicas y mecanismos como consultas y referendos.
- Designar y capacitar jurados de votación, habilitar puestos y mesas, y divulgar resultados preliminares de las jornadas electorales.
- Coordinar la inscripción de cédulas y candidaturas, conforme a las reglas vigentes.
La entidad no declara oficialmente quién gana una elección. Esa tarea corresponde al escrutinio que realizan las comisiones escrutadoras y, en última instancia, al Consejo Nacional Electoral (CNE), según el tipo de proceso.
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