
El juicio en Nueva York contra el ex diputado hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras, llegó a su etapa final este miércoles luego de que tanto la Fiscalía como la defensa presentaran argumentos finales, con ambas partes entre acusaciones contra testigos y el acusado.
El juez Kevin Castel comenzó por su parte a instruir a los doce miembros del jurado anónimo sobre su responsabilidad, lo que es una evidencia directa o circunstancial “y lo más importante lo que significa más allá de duda razonable”. Castel continuará dando explicaciones este jueves al jurado antes de que se retiren a deliberar sobre los cargos que pesan contra Hernández por narcotráfico, porte de armas y mentir a las autoridades de EEUU, por lo que podría enfrentar cadena perpetua.
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“El acusado no está aquí por ser el hermano del presidente de Honduras sino porque cometió faltas. No es una víctima de los testigos cooperantes. Es un perpetrador, traficante, asesino, mentiroso”, fueron las últimas palabras que escuchó el jurado de la fiscal Amanda Houle, antes de que el juez comenzara a explicarles sobre su responsabilidad.
“Por años explotó el sistema político de Honduras para proteger a los criminales”, para lo que usó a militares y policías, afirmó para agregar que “llegó la hora de que este hombre pague por sus crímenes”.
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Nacido el 13 de junio de 1978 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado (41 años) tiene 16 hermanos, entre ellos el actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández. Hijo de Juan Hernández Villanueva y de Elvira Alvarado Castillo, siendo muy joven ingresó al Partido Nacional.
En las elecciones generales de 2013 fue elegido diputado suplente por Lempira y luego ocupó la banca en lugar de Samuel Reyes, actual ministro de Defensa.
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También trabajó en la Corte Suprema, donde copiaba escritos, los pasaba en limpio y escribía dictados; y fue jefe de la Unidad de Implementación de Registros en el Instituto de la Propiedad hondureña. Además, integró comisiones ordinarias legislativas, como la de Desarrollo e Inclusión Social -que actualmente preside- y es miembro de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
Tony Hernández quedó bajo la lupa de las autoridades estadounidenses cuando el narcotraficante Devis Leonel Maradiaga declaró en marzo de 2018 a una corte de Nueva York que el hermano del mandatario actuó en complicidad con Los Cachiros, organización criminal hondureña fundada a comienzos de los ’90 por un grupo de ganaderos en los departamentos de Colón y Olancho. Maradiaga, en su declaración, expresó que Tony pidió un soborno a cambio de gestiones para saldar una deuda del gobierno de aquel año con el cartel a través de una empresa.
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En su primer turno para presentar sus argumentos finales el miércoles, el fiscal Emil Bove hizo un recuento de cómo Hernández pasó de ser en 2004 un hombre que daba información a los narcotraficantes para convertirse en un poderoso narco respaldado por políticos, militares y policías corruptos. Aseguró que Hernández “corrompió” las instituciones públicas. También después de que el Partido Nacional, al que pertenecía, perdiera las elecciones de 2005, su liderazgo juró que eso no volvería a pasar.
Hernández, afirmó, invirtió millones en campañas de esa organización política en 2009, 2013 y 2017 con dinero del narcotráfico y recordó durante sus argumentos que carteles como el de Sinaloa donaron dinero para los candidatos del Partido Nacional, entre ellos Juan Antonio Hernández, actual mandatario.
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“Hernández volvió al Gobierno en contra de la gente. Usó al Gobierno para el tráfico de drogas”, dijo el fiscal al jurado, a quienes indicó además que en 2010 “Hernández y sus asociados controlaban el poder. El tráfico de droga era patrocinado por el Estado”.
Para esa fecha aseguró que Hernández “era prácticamente intocable” y recordó que en 2014 fue elegido al Congreso de Honduras por cuatro años “y siguió con el tráfico de drogas”. Aseguró además que el acusado “sofocó a Honduras en la corrupción y eso es lo que se está demostrando en este juicio”.
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El fiscal, que llamó a Hernández “arrogante” por marcar la cocaína que producía con las siglas de su nombre “TH”, pidió al jurado que “hagan justicia, justicia largamente esperada por el pueblo de Honduras”.
Al final de la presentación, los hondureños que han asistido todos los días al juicio están pidiendo justicia para las víctimas del “narco-Estado” y la renuncia de su presidente. El fiscal explicó al jurado cómo la evidencia había probado cada uno de los cargos, que enfrentan a Hernández a una pena máxima de cadena perpetua.
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