Presidente de Honduras Nasry Asfura anuncia ofensiva contra la corrupción y prepara nueva ley

El Gobierno de Nasry Asfura prepara una nueva iniciativa para reforzar las herramientas con las que el Estado hondureño enfrenta la corrupción. El mandatario anunció que el proyecto de Ley Anticorrupción será presentado próximamente ante el Congreso Nacional, donde deberá iniciar el proceso de discusión y eventual aprobación.

La propuesta, según explicó el presidente, todavía se encuentra en una etapa de consenso con distintos sectores antes de ser remitida al Poder Legislativo. Asfura aseguró que el objetivo es construir una normativa con respaldo amplio que permita fortalecer los mecanismos institucionales destinados a prevenir, controlar y combatir actos de corrupción dentro de la administración pública.

El anuncio fue realizado durante su participación en el evento Honduras: Hacia una Competencia Efectiva, donde también abordó asuntos relacionados con la seguridad jurídica, la institucionalidad y las condiciones necesarias para generar confianza en el país.

El mandatario explicó que la iniciativa no se está elaborando de manera aislada. De acuerdo con Asfura, el Gobierno mantiene conversaciones con representantes del sector privado agrupados en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), organizaciones de la sociedad civil y distintas instituciones vinculadas al sistema de justicia.

El proceso de consenso también busca que la normativa no sea solo una declaración de principios, sino que establezca mecanismos concretos para fortalecer la prevención y el control de los recursos públicos.

Una vez presentado ante el Legislativo, corresponderá a los diputados analizar el contenido, introducir las modificaciones que consideren pertinentes y determinar el futuro de la iniciativa.

Independencia de poderes

Además de referirse a la futura ley, Asfura colocó la independencia de los poderes del Estado como uno de los ejes para mejorar el funcionamiento institucional.

El presidente sostuvo que cada organismo debe ejercer las atribuciones que le corresponden y que las instituciones encargadas de fiscalizar la gestión pública deben contar con las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo.

En ese sentido, mencionó al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. También destacó el papel de los organismos encargados de la supervisión y transparencia de los recursos estatales. Entre ellos mencionó al Tribunal Superior de Cuentas y al Instituto de Acceso a la Información Pública.

Para el mandatario, el respeto a las competencias de cada institución constituye una condición necesaria para generar cambios en la administración pública.

Estabilidad y seguridad jurídica

Asfura vinculó la lucha contra la corrupción con otro aspecto que considera fundamental para el desarrollo del país: la estabilidad política. Según su planteamiento, Honduras necesita generar condiciones de seguridad política que permitan construir seguridad jurídica y, a partir de ella, fortalecer la confianza de los ciudadanos y de quienes consideran invertir en el país.

A su criterio, mientras existan incertidumbres derivadas de confrontaciones políticas o del debilitamiento institucional, será más difícil avanzar en materia económica y social.

Por ello, presentó la estabilidad política como una pieza necesaria para generar un entorno en el que las reglas sean claras y las instituciones puedan funcionar de manera independiente.

Durante su intervención, Asfura también aseguró que su administración rendirá cuentas sobre las iniciativas que han recibido respaldo del Congreso Nacional. Entre los proyectos mencionados se encuentran la adquisición de maquinaria y el fideicomiso utilizado para desarrollar acciones vinculadas al sistema de salud..

La rendición de cuentas, de acuerdo con el enfoque expuesto por el presidente, forma parte de las medidas que deben acompañar cualquier política destinada a combatir la corrupción.

El presidente informó que durante su gestión se han cerrado 16 instituciones del Estado y adelantó que el próximo año se realizará una nueva evaluación para determinar si otras dependencias deben ser reducidas, fusionadas o eliminadas.

La medida, según el planteamiento presidencial, forma parte de un proceso destinado a revisar el funcionamiento de las instituciones y evitar estructuras que no respondan a las necesidades actuales del Gobierno.

La evaluación prevista para el próximo año determinará qué entidades pueden seguir operando bajo su estructura actual y cuáles podrían requerir modificaciones.

El Congreso Nacional

El siguiente paso para la Ley Anticorrupción será su presentación formal ante el Congreso Nacional. Una vez recibida la propuesta, los diputados deberán conocer sus disposiciones y determinar el procedimiento para su discusión.

El proyecto podría convertirse en uno de los temas de debate alrededor del funcionamiento del Estado, especialmente por las disposiciones que eventualmente proponga para fortalecer la prevención de irregularidades, la transparencia y la fiscalización de los recursos públicos.

La iniciativa también tendrá que definir claramente las responsabilidades de las instituciones involucradas y los mecanismos mediante los cuales se garantizará el cumplimiento de las nuevas disposiciones.