La OEA afirmó que la Justicia peruana deberá decidir sobre la legalidad de la disolución del Parlamento y pidió “calma ante la crisis”

“La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos considera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo”, afirmó la OEA en un comunicado.

El presidente peruano, Martín Vizcarra, disolvió este lunes el Congreso dominado por la oposición, que reaccionó suspendiendo, a su vez, al jefe de Estado. El popular mandatario peruano, respaldado por la cúpula militar y de los gobernadores regionales, invocó normas constitucionales después de que éste le negara un voto de confianza ligado a una reforma del procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional.

El Congreso respondió horas después aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia y designando en su lugar a la vicepresidente Mercedes Aráoz, en una sesión en que no participaron los parlamentarios que apoyaron la decisión de Vizcarra.

Coloridas y bulliciosas marchas en respaldo a la disolución se sucedieron la noche del lunes en Lima y en las ciudades de Huancayo, Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo, Moquegua y Tacna, entre otras. Sin embargo, nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, que enfrenta el rechazo de casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos. A pesar de la tensión, el país ha permanecido en calma.

En el comunicado, la OEA asegura que es “un paso constructivo” el llamado a elecciones “y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación”. Y agrega: “Es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”.

La Secretaría General, además, pidió a las partes que realicen “gestos que propicien la calma” ante la crisis. “Es prioritario que la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política observable en los últimos meses”.

Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio un "autogolpe" y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Ahora, en cambio, Vizcarra se amparó en la Constitución para dar este paso.

Vizcarra convocó elecciones parlamentarias para el 26 de enero, según un decreto publicado en la gaceta oficial. Por una reforma ratificada en referéndum en 2018, los parlamentarios no pueden ser reelegidos.

(Con información de EFE y AFP)

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