Bachelet advirtió que el rearme de una facción de las FARC "traerá consecuencias muy negativas para los derechos humanos de la población"

El retorno a las armas anunciado por un grupo de exlíderes de las FARC "no es la respuesta" a la demora en la implementación de ciertos aspectos del acuerdo de paz en Colombia, dijo hoy la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Tampoco lo es "la mano dura" que ha querido mostrar el Gobierno en reacción a ese anuncio, agregó Bachelet en una conferencia de prensa ofrecida con motivo de haberse cumplido el pasado día 1 el primer año de su mandato.

Preguntada sobre el momento que atraviesa el proceso de paz en Colombia, dijo que espera que todas las partes implicadas puedan retornar a la "racionalidad" y continuar con los esfuerzos de paz.

"El acuerdo de paz siempre fue concebido como un proceso a ser implementado a lo largo de varios años (…) y no de un día al otro, explicó.

El organismo que dirige Bachelet cumple un papel importante en el cumplimiento de ese acuerdo, "con responsabilidades muy concretas durante al menos ocho años".

Por otro lado, recordó que aquellos que han anunciado que optan nuevamente por el conflicto participaron en las negociaciones y estuvieron de acuerdo con el resultado del pacto de paz, y mencionó en particular el caso de Iván Márquez, quien comunicó la vuelta a las armas tras haber sido uno de los principales negociadores del mismo.

"La respuesta no es ir nuevamente a la guerra, pero tampoco lo es mostrar mano dura. Está probado que ambos enfoques tienen consecuencias muy negativas para los derechos humanos de la población", advirtió.

La alta comisionada y expresidenta de Chile pidió al Gobierno colombiano que "redoble sus esfuerzos" para garantizar la seguridad de los excombatientes y de todos aquellos que defienden los derechos humanos.

"Hemos recibido reportes de que muchos exmiembros de las FARC y líderes sociales han sido asesinados durante este tiempo", lamentó.

Frente a esta situación, Bachelet instó a las autoridades a que apoyen más la transición de los excombatientes a la vida civil y que se aseguren de que los activistas de derechos humanos puedan cumplir su trabajo sin miedos.

(Con información de EFE)

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