El pasado jueves 8 de agosto la justicia de Ecuador ordenó la prisión preventiva contra el ex presidente Rafael Correa por su presunta implicación en un caso de sobornos orquestados con sus copartidarios para la adjudicación de contratos con el Estado. El diario español ABC informa que dos mujeres que formaron parte de su gobierno, que se encuentran detenidas, fueron claves para la medida que tomó la jueza nacional Daniella Camacho tras la solicitud de la fiscal general Diana Salazar.
Su asesora Pamela Martínez y la asistente de esta, Laura Terán, entregaron a la Justicia pruebas suficientes para que Camacho ordenara la prisión preventiva. El periódico español indica que las ex funcionarias colaboran con las autoridades a cambio de rebajas en las penas.
Una de las claves fue una libreta con anotaciones que hallaron los investigadores durante el allanamiento a un apartamento de Martínez. En esa libreta, las autoridades descubrieron los códigos que presuntamente usaban Correa y sus funcionarios para recibir sobornos. "El de Correa era SP (señor presidente); el de Jorge Glas SVP (señor vicepresidente); ministros y otros funcionarios tenían su propia identificación secreta", revela ABC.
Asimismo, luego de una pericia encargada por la Justicia, se hallaron correos electrónicos y un archivo Excel en las computadoras de Terán. Las autoridades lograron obtener datos de las empresas, registros de contribuyentes y teléfonos de contactos tras la recuperación de más de 60.000 documentos.
En esos archivos quedaría comprobado que las compañías contratistas "entregaban el dinero en efectivo o por cruce de facturas para pagar los gastos de Alianza País". Incluso financiaban las fiestas de cumpleaños de los funcionarios.
La fiscal Salazar investiga una trama denominada "Sobornos 2012-2016" (antes "Arroz verde"), en la que están presuntamente implicados otros cuatro altos ex colaboradores del Ejecutivo de Correa (2007-2017), a los que también aplicó la misma medida cautelar este jueves.
La Fiscalía sospecha que la indagación arroja luz sobre cerca de una docena de elementos de convicción que apuntan a la comisión de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró el ex gobernante hasta 2017.
En el caso del ex presidente, Camacho consideró que la prisión preventiva es procedente ante la imposibilidad de dictar otras medidas idóneas que garanticen su comparecencia ante la justicia, dado que reside en Bélgica desde que abandonó el poder en mayo de 2017.
Y recordó que Correa tiene en su contra una orden de captura por violación de medidas cautelares en el caso de intento de secuestro en Colombia, en 2012, del político opositor Fernando Balda, por lo que justificó la prisión preventiva al no poder asegurar otro medio para que se enfrente a la justicia.
Hasta la fecha, Correa, que tiene más de una docena de expedientes abiertos no ha sido condenado por un tribunal en Ecuador, y se niega a regresar al país porque considera que es víctima de una persecución política por parte de su sucesor, Lenín Moreno, con el que está enemistado desde hace dos años.
En la misma sesión, Camacho aplicó la misma medida cautelar para el ex vicepresidente Jorge Glas, que fue segundo de Correa entre 2013 y 2017.
Por su parte, Pamela Martínez, ex asesora de Correa, fue detenida el pasado 4 de mayo en el aeropuerto de Guayaquil cuando intentaba viajar a México. Laura Terán, en tanto, fue aprehendida días después.
De acuerdo a lo denunciado en la investigación periodística "Caso arroz verde", Martínez habría sido la persona encargada de distribuir el dinero a los miembros del movimiento político con la autorización de Glas y de María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte y Obras Públicas.
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