Un curioso "pre-referéndum" en Uruguay busca derogar la Ley para personas trans de 2018

Los uruguayos fueron convocados este domingo a las urnas para saber si se realizará con las elecciones nacionales de octubre un plebiscito sobre una polémica ley que otorga derechos a los ciudadanos transexuales. Este pre-referéndum se realiza porque una coalición de organizaciones principalmente religiosas (iglesias evangélicas), lideradas por el diputado (suplente) Carlos Iafigliola, se opone férreamente a la ley.

La ley 19.684, aprobada el 19 de octubre del año pasado, conocida como Ley integral para personas trans, fue apoyada por una gran mayoría de los diputados de los diferentes partidos (62 votos de 88 presentes de los 99 que componen la cámara) y desde su promulgación por el Poder Ejecutivo se inició una campaña para la derogación de la misma. Según estudios del Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay (Mides) y la estatal Universidad de la República, hay 853 personas trans en el país. Pero la vida de este colectivo (integrado por travestís, transexuales y transgénero) es por demás difícil en Uruguay, un país conocido como el más gay friendly de América Latina. El mismo estudio indica que esta población no sobrepasa la media de 35 años de vida (en Uruguay el promedio para la población en general es 77 años), el 87% no terminó los estudios secundarios, el 25% abandonó su hogar antes de los 18 años y el 67% tuvo que prostituirse para sobrevivir.

La ley incorpora identidad de género como variable en todos los sistemas oficiales de información estadística, por ejemplo cuando se realizan los censos. La adecuación de nombre y sexo en los documentos de identidad pasa de ser de un trámite judicial a un trámite administrativo.

En materia educativa el sistema en todos sus niveles será inclusivo para las personas trans y el 2% de las becas del fondo de posgrado otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura y el Fondo de Solidaridad será para personas trans. En materia laboral a nivel del Estado, el 1% de los llamados a ocupar cargos será para este colectivo, y un igual porcentaje en el cupo total de programas de capacitación y formación en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

Pero los puntos más polémicos de la ley son dos: el que trata del cambio de sexo (financiado por el Estado) y una pensión para aquellas personas trans cuyos derechos fueron vulnerados en la pasada dictadura militar (1973 – 1985).

Con respecto a lo primero, la ley establece que las personas mayores de 18 años podrán recibir tratamientos que adecuen su cuerpo a su identidad de género, lo que incluye su genitalidad, con los tratamientos hormonales integrales y las intervenciones quirúrgicas parciales o totales, todo financiado por el Estado. En el caso de los menores de 18 años (y este es el punto más polémico) podrán acceder a tratamientos de hormonización, con el consentimiento de sus padres y de no ser así pueden recurrir a la Justicia para que dirima si el menor puede o no someterse al tratamiento. En el caso de las operaciones genitales, se debe tener de manera excluyente el consentimiento de los padres o tutores legales.

En lo referente al denominado "régimen reparatorio", la ley indica que las personas que nacieron antes del 31 de diciembre de 1975 y que por su identidad de género fueron detenidas, tendrán derecho a una pensión vitalicia de unos 330 dólares al mes. Hasta el pasado mes se habían aprobado siete.

La campaña

El diputado Iafigliola junto al también legislador nacionalista Álvaro Dastungue y la iglesia pentecostal Misión y Vida fueron quienes lideraron la recolección de firmas para el pre-referéndum. Alcanzaron las 69 mil que posibilitó la convocatoria. Pero ahora deberán lograr que este domingo 650 mil uruguayos (un 25% del padrón electoral) concurra a los centros de votación y coloque la papeleta (única) que habrá en el cuarto secreto. Todo indica que llegar a esa cifra será casi imposible. Y esto por varios factores. El primero, que ningún partido político como tal apoya la iniciativa; segundo, la casi nula difusión del tema en los medios de comunicación, tercero la falta de apoyo a la iniciativa por parte de la Iglesia católica (en un claro enfrentamiento con los pentecostales) y cuarto un consenso casi general del que el gasto ocasionado para la consulta (unos 100 mil dólares), más la movilización de 11 mil empleados públicos para las mesas de votación, no es justificada. Pero también va a ser una prueba para las iglesias evangélicas, que han movilizado a sus fieles instándolos a votar, buscando de esta manera convertirse en un referente político, como por ejemplo sucede en Brasil.

El diálogo con Infobae, Carlos Iafigliola dijo que la ley es "injusta, inconstitucional y peligrosa" por el proceso de hormonización que pueden llevar adelante los menores de edad sin el consentimiento de sus padres, con la autorización del Poder Judicial. El legislador dijo no oponerse a otros puntos de la ley, pero si al punto referido y al artículo cuarto que señala que "se asigna un sexo al nacer" a lo cual como concepto se oponen. "Nacemos varón o mujeres. Esta definición es ideológica, por lo cual optamos por la derogación total de la ley".

Por su parte la activista por los derechos de las minorías sexuales Delfina Martínez admitió que no se llegaría a los votos para habilitar el referéndum, y consideró que "los fundamentalismos están avanzando en América Latina". Consultada por Infobae, sostuvo que la ley es necesaria por varios factores:"Hay que considerar que el derecho a la identidad es uno de los primeros derechos, porque también así se construye ciudadanía. Eso nos da derechos como a la salud, el trabajo y una vivienda digna. Por eso consideramos que la ley debía ser integral incluyendo todos estos factores", dijo. Sobre los tratamientos hormonales a los menores, manifestó que eso puede suceder, según la ley, cuando se llega a la adolescencia. "Esto requiere del acompañamiento multidisciplinario de psicólogos y médicos, y no es por la mera decisión de un Juez", aclaró. "Si no hay un Estado que vela por la salud, los adolescentes terminan yendo a la hormonización clandestina, lo cual es un riesgo para la persona", dijo Martínez.