La represión del movimiento opositor en Nicaragua ha causado que 70.000 personas partan al exilio, además de los 300 muertos y 2.000 heridos registrados, dijo hoy la ONU, que también denunció que pese a que el gobierno dice que todos los detenidos han sido liberados, sabe por distintas fuentes que al menos ochenta siguen cautivos.
Las condiciones de esos detenidos son "duras" , sostuvo la alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Kate Gilemore, en una exposición oral sobre la situación en Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra.
En representación de la alta comisionada Michelle Bachelet, Gilemore también dio cuenta de numerosas denuncias de torturas que sufrieron ciudadanos detenidos por participar en las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega que empezaron en abril del año pasado y que han continuado con intervalos, aunque con menos intensidad.
Las torturas y tratos vejatorios se atribuyen a fuerzas de seguridad pública y a grupos armados progubernamentales, lo que el Gobierno nicaragüense ha negado una y otra vez.
"Reclamamos la liberación de todos los que puedan estar arbitrariamente detenidos por participar en protestas o manifestar opiniones críticas del gobierno, incluidos los que están bajo medidas alternativas a la prisión", dijo Gilmore.
De los detenidos en las sucesivas olas de protestas, 442 han sido liberados desde el pasado febrero, aunque 336 bajo medidas alternativas a la prisión, con lo cual pende sobre ellos la amenaza de retornar a la cárcel.
Otros 106 se beneficiaron de una Ley de Amnistía aprobada el pasado mes, pero que ha sido criticada por organismos especializados, entre ellos la Oficina de Bachelet.
Esa ley "contiene ambigüedades que pueden beneficiar a los perpetradores de violaciones de los derechos humanos y no garantiza los derechos de las víctimas (…), además fueron adoptadas sin consulta suficiente con la sociedad civil u organizaciones que representan a las víctimas", lamentó Gilmore.
En este sentido, ofreció la asesoría de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para mejorar la aplicación de dicha legislación.
Para este organismo, tan preocupante como la suspensión de las negociaciones entre el gobierno y la sociedad civil en abril, es el hecho de que no se estén respetando acuerdos alcanzados durante ese proceso, en particular el que garantizaba la restauración del derecho a la reunión pacífica.
"La policía las sigue impidiendo al negar sistemáticamente la autorización para concentraciones y arrestando arbitrariamente a la gente que lo intenta, en ocasiones haciendo uso excesivo de la fuerza", precisó Gilmore.
Otra preocupación concreta que expresó estuvo relacionada con los ataques y acoso que siguen sufriendo activistas, líderes sociales y organizaciones civiles, en particular las nueve a las que el gobierno canceló su estatus y confiscó sus bienes, sin que hasta el momento se haya retractado de estas medidas.
"La libertad de prensa también sufre. Sabemos que empleados de medios y periodistas han sido amenazados", denunció Gilmore, quien agregó que informaciones recibidas de oenegés indican que más de 100 periodistas optaron por el exilio en poco más de un año.
El Gobierno de Ortega tomó la palabra en el Consejo de Derechos Humanos inmediatamente después de la intervención de Gilmore para sostener que respeta los derechos de sus ciudadanos y enumerar una serie de logros que se atribuye: un alto índice de seguridad, la reducción de la pobreza y avances en la paridad de género.
El vicecanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentscheke, se desplazó a Ginebra para responder a la críticas de la Oficina de Bachelet y reiterar la posición de su gobierno de que la crisis sociopolítica actual se debe a "grupos violentos que intentaron romper el orden constitucional".
Según el viceministro, tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía "todas las personas que estaban detenidos en relación con las protestas de 2018" fueron excarceladas y se cerraron todos los expedientes penales y administrativos correspondientes.
Sostuvo que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) participó en la elaboración y revisión de las listas de excarcelados, y acompañó su salida de las prisiones.
La delegación de Argentina, en representación de varios países latinoamericanos críticos con el gobierno de Ortega, sostuvo que "los casos contra muchos de los manifestantes aún no han sido archivados" y pidió "la liberación incondicional y definitiva de todas las personas detenidas arbitrariamente".
Con información de EFE
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