Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en un año”

En los últimos años, el incremento del número de procesos de incapacidad temporal, unido al envejecimiento de la población trabajadora y al aumento de determinadas patologías, ha elevado de forma significativa el gasto destinado prestaciones por bajas laborales. En este contexto, las administraciones públicas buscan fórmulas para garantizar la sostenibilidad del sistema sin menoscabar los derechos de los trabajadores que necesitan ausentarse de su puesto por motivos de salud.

Así, el Gobierno de España intensificará la vigilancia sobre los trabajadores con bajas médicas repetidas, una medida que afecta directamente a quienes hayan acumulado más de dos procesos en un mismo año.

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El 80% del presupuesto estatal destinado a prestaciones por incapacidad temporal ya está agotado. Un estudio citado por el abogado Ignacio de la Calzada en su perfil de TikTok (@laboral_tips) revela que el 25% de los trabajadores concentra la mitad de todas las bajas médicas del país, una proporción que llevó a la Seguridad Social y a la Inspección de Trabajo a activar un plan de control reforzado sobre los procesos de incapacidad temporal que se repiten con frecuencia.

Qué van a revisar las autoridades laborales

La vigilancia se articulará en torno a cuatro criterios. El primero es la repetición de la misma dolencia en un periodo de seis meses, lo que la normativa considera recaída. El segundo es el cumplimiento del tratamiento: si el trabajador acude a las citas de rehabilitación o sigue las pautas médicas prescritas.

El tercero tiene que ver con la duración del proceso. Cada patología tiene tablas de referencia que estiman cuánto debe prolongarse una baja; si el proceso se extiende más allá de ese umbral sin justificación clínica, activará el escrutinio. El cuarto criterio afecta a los informes médicos: los informes de clínicas privadas tendrán menos peso que los de la sanidad pública cuando ambos se contradigan.

Las actuaciones de control podrán implicar revisiones médicas adicionales, solicitudes de documentación complementaria o comprobaciones por parte de los organismos competentes. El objetivo es verificar que la situación de incapacidad temporal se ajusta a los criterios médicos y administrativos establecidos, especialmente en aquellos casos que presentan patrones considerados de riesgo por la Administración.

Qué derechos mantiene el trabajador

De la Calzada fue claro al subrayar que este control no implica ninguna sanción automática. “Sigues teniendo exactamente el mismo derecho a solicitar tu baja médica”, advirtió el letrado, para evitar que la medida genere alarma entre los empleados. El abogado recordó además dos obligaciones prácticas. La primera: comunicar la baja a la empresa, no necesariamente entregar el parte físico, sino notificarla. La segunda: ante un alta que el trabajador considere injustificada, existen plazos para reclamarla, distintos según se trate de un accidente laboral o de una enfermedad común.

La normativa vigente contempla mecanismos de revisión para los trabajadores que discrepen de una decisión médica o administrativa. En función del origen de la baja, las reclamaciones pueden tramitarse ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras o la jurisdicción social. Además, los empleados de baja tienen derecho a aportar informes médicos y documentación que respalden su situación clínica.