La Justicia peruana prohibió este sábado que el ex presidente Alan García salga del país durante 18 meses, después de que la Fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.
"Dispóngase la medida de impedimento de salida del país en contra del investigado Alan García Pérez", indicó el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, de un tribunal especial anticorrupción, al acoger un pedido del fiscal José Domingo Pérez, en una audiencia a la que no asistió el ex mandatario (no estaba obligado a comparecer).
El fiscal Pérez, especializado en delitos de corrupción, investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima durante el segundo mandato de García (2006-2011).
Pérez argumentó que el ex presidente había buscado acelerar la licitación de las obras del metro, que la prohibición de salida del país era necesaria para asegurar que comparezca cuando sea citado a declarar pues reside parte del tiempo en España.
El defensor de García, Erasmo Reyna, no rebatió el pedido del fiscal, pero alegó que su cliente ha cooperado con la justicia, fue un "buen gobernante", "sobre todo en su segundo gobierno" (el primero, en 1985-1990, terminó con hiperinflación), y no podía conocer todas las actividades de Odebrecht.
Perú es uno de los países más afectados por la saga de corrupción de Odebrecht, que admitió que pagó 29 millones de dólares en sobornos a lo largo de tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García.
El ex presidente, bajo investigación por este caso desde marzo de 2017, había respondido desafiante el jueves el pedido de la fiscalía, tildando de "imbéciles" a los investigadores.
Después moderó el tono y expresó su "allanamiento" (aceptación) de la prohibición de salida del país, lo que evitó que este sábado se prolongaran excesivamente los debates en la audiencia judicial.
"Ni me vendí ni nada pedí", tuiteó poco antes de la audiencia García, de 69 años, quien es investigado por presunto "lavado de activos y colusión agravada" en perjuicio del Estado peruano. De ser llevado a juicio, arriesga una condena de 11 años de prisión.
Con información de AFP
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