La Justicia chilena ordenó el sábado el ingreso a una cárcel de Santiago de dos represores de la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990) acusados de un homicidio calificado en plena vía pública.
Según fuentes judiciales, la orden emanó la ministra en visita (juez especial) para causas de violaciones de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, en contra del ex empleado civil de la Armada Mario Galarce, y al funcionario en retiro del Ejército Francisco Orellana, con penas de 15 años de presidio.
Los dos, miembros de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), aparato represor del régimen militar, fueron condenados como autores del homicidio calificado de Iván Alfredo Quinteros Ruiz, perpetrado el 17 de diciembre de 1981 en la vía pública.
Esta semana, la Corte Suprema chilena condenó a 24 ex agentes de la policía represiva de Pinochet a penas de entre cuatro y 13 años de cárcel por la desaparición de un dirigente socialista.
Los ex agentes de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fueron condenados en un fallo unánime por la desaparición de Jorge Arturo Grez Aburto, detenido en el centro de Santiago en 1974 y quien permaneció secuestrado en el Estadio Nacional, un gigantesco campo de concentración, y en otros dos centros clandestinos.
La desaparición de Grez Aburto formó parte de la Operación Colombo, un acto propagandístico del régimen militar (1973-1990) que buscó encubrir la desaparición de 119 opositores haciendo creer a la opinión pública que los desaparecidos habían muerto en enfrentamientos internos y con fuerzas de seguridad extranjeras a partir de falsas notas periodísticas publicadas en Argentina y Brasil.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
Con información de EFE y AFP
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