La Organización de Naciones Unidas (ONU) se volvió a pronunciar este jueves sobre la crisis en Nicaragua. Mediante un comunicado firmado por once expertos en derechos humanos, el organismo exigió al régimen de Daniel Ortega desmovilizar a los grupos paramilitares y frenar las detenciones selectivas de manifestantes.
"Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que desmovilice inmediatamente a los grupos paramilitares e investigue las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios y las denuncias de desapariciones forzadas con la debida diligencia, sin demora y mediante el uso de procedimientos efectivos, imparciales e independientes", señaló el texto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
"Los informes indican que ha aumentado la represión selectiva, la criminalización y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y entre los representantes de la sociedad civil en el país", indicaron los expertos.
Si bien en los últimos días han disminuido las protestas, el organismo internacional sostiene que "las voces críticas hacia el Gobierno siguen siendo objeto de intimidación, amenazas y privaciones de libertad, incluyendo detenciones colectivas y malos tratos".
"Deploramos lo que parece ser una campaña de desprestigio destinada a desacreditar o vilipendiar a los defensores y defensoras de los derechos humanos (…) También estamos profundamente preocupados porque la nueva legislación, adoptada a principios de julio por el Congreso nicaragüense para combatir el lavado de dinero, permite a las autoridades un mayor margen para realizar arrestos y procedimientos penales contra manifestantes y hacer un uso indebido de la misma", denunciaron los expertos de la ONU.
El comunicado fue firmado por los siguientes especialistas: Michel Forst (situación de los defensores de los derechos humanos); Clément Nyaletsossi Voulé (sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación); David Kaye (sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión); y Agnès Callamard (sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias).
También suscriben el texto los siguiente relatores especiales: Dainius Puras (sobre el derecho a la salud física y mental); Fabián Salvioli (sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición); Ivana Radani (presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica); Fionnuala Ní Aoláin (sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo); Bernard Duhaime (presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias); Koumbou Boly Barry (sobre el derecho a la educación); y Seong-Phil Hong (presidente del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria).
Tras más de 100 días de protestas, la brutal represión del régimen de Ortega dejó hasta el momento más de 300 muertos (algunos organismos de derechos humanos incluso registran más de 400) y miles de heridos.
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