
El presidente nicaragüense Daniel Ortega desestimó las denuncias sobre los muertos por la represión desde que estallaron las protestas en el país a mediados de abril.
Consultado por el número de muertos -que la CIDH ubica en 317 personas- el mandatario los atribuyó a "delitos comunes".
"En cuanto al número, habría que preguntarse si quiere decir que en Nicaragua en estos 90 días no se produjeron delitos comunes, crímenes comunes". Y continuó: "Nicaragua tiene un alto índice de seguridad, es cierto, pero sí hay un alto índice de mortalidad diaria por delitos comunes: asaltos, robos, femenicidios".
Durante una entrevista con Russia Today, que será publicada completa el próximo lunes, Ortega expresó que "habría que preguntarle a los que hacen esas cuentas de 300 o 400 si desaparecieron ese tipo de delitos". "Todos los muertos se los echan a la situación de enfrentamientos que ellos mismos provocaron", agregó.
El mandatario también fue consultado sobre la decisión anunciada el jueves por al Organización de Estados Americanos (OEA) de conformar un grupo de trabajo permanente para investigar la situación y trabajar en una paz duradera.
"Nosotros no estamos para responderles a ellos (la OEA). Los gobiernos que ellos representan tienen que responderle a sus pueblos. Bastantes problemas tienen en cada país de esos para que vengan a entrometerse en la situación de nuestro país", afirmó Ortega.
Además, aseguró que la oposición que protesta contra su gobierno recibe fondos de distintas organizaciones extranjeras y que está coordinada por la Embajada de EEUU.

Según el líder sandinista, las "operación" en su contra comenzó como consecuencia de la preocupación de la derecha nacional e internacional por los avances en Nicaragua.
"La población reconocía las obras que estamos haciendo (…) programas de todo tipo que sacando al pueblo de la extrema pobreza en la que había vivido por siglos (…) Por eso para ellos era inadmisible dejarnos tranquilos", finalizó.
Las protestas contra Ortega comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del líder, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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