La Casa Blanca volvió este lunes a condenar al régimen de Daniel Ortega por la "indiscriminada violencia" que sacude Nicaragua y que ya dejó "más de 350 muertos, miles de heridos y cientos de ciudadanos acusados falsamente de golpistas y terroristas" en los últimos tres meses.
Según destacó el comunicado del Gobierno estadounidense, "el presidente Ortega y la vicepresidente (Rosario) Murillo son los responsables por la parapolicía oficialista que ha brutalizado a su propia población".
Por ello, las autoridades norteamericanas reiteraron su apoyo "al pueblo de Nicaragua", entre los cuales incluyó a aquellos miembros del sandinismo que han mostrado su rechazo al accionar del régimen.
"Elecciones libres, justas y transparentes son el único camino hacia la restauración de la democracia en Nicaragua. Apoyamos el proceso de diálogo liderado por la Iglesia católica para negociaciones de buena fe", sostuvo el comunicado.
Además, advirtió que las sanciones contra tres funcionarios anunciadas a inicios de julio son "el principio y no el final de potenciales" medidas de represalia contra allegados al Gobierno que son responsables por la violencia contra los manifestantes.
Este domingo, un grupo bipartidario de congresistas de los Estados Unidos solicitaron al presidente Donald Trump que, ante la represión del régimen de Ortega contra la población civil, "reconsidere su decisión de dar por terminado el Status de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) designado a Nicaragua".
La expiración del Status de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) está prevista para el 5 de enero de 2019. La medida garantiza seguridad a los extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen debido a la violencia, a desastres por fenómenos naturales y a otras condiciones extraordinarias.
El diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica (grupos de la sociedad civil), sesionó por última vez el 15 de junio. El régimen aún no respondió a una solicitud de la Iglesia para que confirme por escrito si desea que continúe como mediadora en las pláticas.
Ortega, de 72 años y 11 en el poder, encara una ola de manifestaciones desde el 18 de abril desatada por una fallida reforma al sistema de pensiones que se transformó en una demanda para su salida del poder junto con su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo.
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