El régimen de Daniel Ortega recrudece día a día las violencia contra la población civil. Este viernes un joven identificado como Wilber Jarquín, de 26 años, fue acribillado de 12 disparos en el barrio indígena de Sutiaba, en la ciudad de León, al noroeste del país.
El asesinato tuvo lugar en medio de la denominada "Operación Limpieza" realizada por fuerzas de seguridad y grupos de choque sandinistas.
Jarquín falleció la madrugada de este viernes cuando un grupo de policías y encapuchados "disparó contra una de tantas barricadas que la población sigue levantando a pesar de la llamada 'Operación Limpieza'", señaló una fuente del Movimiento 19 de Abril-León.
El tiroteo ocurrió en el barrio indígena de Sutiaba, a 97 kilómetros al noroeste de Managua, un importante bastión del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hasta antes del estallido social contra Ortega, del 18 de abril pasado.
Jarquín cuidaba una de las barricadas levantadas por los pobladores para defenderse de los ataques de las "fuerzas combinadas" del régimen cuando recibió los disparos, detalló la fuente.
"Para esto quería la Alcaldía limpiar las calles, no porque le preocupa basura, sino para quitar las barricadas y matar a los chavalos", manifestó una mujer, junto al cadáver, que se negó a ser identificada, según mostraron las imágenes de la televisión local.
La denominada "Operación Limpieza", en la que los Gobiernos tumban las barricadas de la población para luego realizar ataques con armas de guerra y capturar a jóvenes, no es nueva en Nicaragua. Antes de Ortega la ejecutó el dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado en 1979.
Al menos 285 personas han muerto en Nicaragua como producto de la represión, según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), han responsabilizado al régimen nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.
Las violaciones incluyen "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", de acuerdo a la CIDH, lo que fue rechazado por el Gobierno sandinista.
A pesar de que el régimen de Ortega se ha comprometido con el cese de la represión en un diálogo nacional con diferentes sectores de la población, hasta ahora no ha cumplido, y los ataques a la población continúan.
Nicaragua cumplió este jueves 72 días desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y que ha acabado con la vida de al menos 285 personas, según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Con información de EFE
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