
Despedido por llevar una pulsera que decía "Cambio", por faltar a la marcha del Día del Trabajo, por pedir apoyo al deporte: en Cuba, las autoridades hostigan y despiden arbitrariamente a ciudadanos críticos con el gobierno, denunció el jueves Amnistía Internacional (AI).
"El Estado utiliza su control, como el mayor empleador del país y como regulador del sector privado, para silenciar incluso las críticas más sutiles", sostiene la organización de derechos humanos en su último informe sobre Cuba.
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El reporte denominado "Es una prisión mental" documenta los mecanismos de control de la libre expresión y sus efectos intimidatorios en la vida cotidiana en Cuba a través del relato de 64 migrantes entrevistados por AI en México.
Aunque estas personas en general reconocen los logros en Cuba en términos de atención médica y educación, ven su salida de la isla como "única opción" ante el clima de temor en que viven por las restricciones a la libertad de expresión, apunta el estudio.
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"Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el gobierno", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, citada en un comunicado.
"Ahora que Raúl Castro se dispone a abandonar su cargo en febrero de 2018, Cuba tiene la oportunidad de iniciar un diálogo significativo sobre derechos humanos. Es imperativo que el país empiece a hacer los cambios necesarios para que la libertad de expresión se convierta en una realidad para la población", añadió.
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A los despedidos de un empleo estatal por expresar una opinión crítica les resulta casi imposible conseguir otro empleo en el sector público. Los acusan de "no ser confiables" y "contrarrevolucionarios" y si logran encontrar trabajo en el emergente sector cuentapropista, altamente regulado por el Estado, también sufren presiones y acoso, dice AI.
Además, tampoco encuentran respaldo en el único sindicato oficial de Cuba, ni sienten garantías para recurrir ante la justicia, que ven controlada también por el gobierno.
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AI, que no tiene acceso permitido a Cuba, reconoce en su informe la "decisión soberana" de los Estados de determinar como desarrollar sus sistemas económicos y políticos.
Pero advierte que esos modelos deben respetar "el derecho y las normas internacionales de derechos humanos".
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Por eso, AI pide a las autoridades cubanas "que pongan fin a las restricciones injustas, no sólo de las personas privadas injustamente de su libertad física, sino también de las que sienten que están en una prisión mental y que su vida está paralizada por la privación de su derecho a la libertad de expresión"
Además, como lo ha hecho sistemáticamente, AI reitera al gobierno de Estados Unidos la necesidad de levantar el embargo económico, financiero y comercial contra Cuba, por considerar que "socava los derechos económicos, sociales y culturales en la isla".
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(Con información de AFP)
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