Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) firmaron en noviembre un acuerdo de paz con el gobierno de su país en el que se comprometieron a desarmarse y regresar a la vida civil en un plazo de seis meses.
Pero un 5% de los guerrilleros no se acogerá al proceso de paz, según estimaciones del gobierno colombiano, y Brasil teme que sus armas acaben en manos de delincuentes locales.
"Existen algunos disidentes de las FARC que no están dispuestos a entrar en ese proceso de paz y hay un temor, justificado o no, de que una parte de ese arsenal pueda migrar para nuestras ciudades", afirmó el viernes Jungmann en una conferencia de prensa en Brasilia.
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El ministro adelantó que se reunirá el próximo martes en Manaos (capital del estado fronterizo de Amazonas) con las autoridades colombianas de Defensa, con el objetivo de crear un "protocolo" para combatir conjuntamente el tráfico de armas y de drogas en la frontera.
El tráfico fronterizo preocupa especialmente a Brasil, que atraviesa una grave crisis en su sistema penitenciario, con sangrientos enfrentamientos entre bandas rivales.
El hacinamiento facilita que los grupos criminales ingresen armas, drogas y celulares a la prisión y comanden desde allí sus operaciones, una olla de presión que estalló con fuerza a comienzos de 2017 cuando se desató un sangriento enfrentamiento entre dos facciones rivales.
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Después de la ola de violencia que dejó cerca de 140 muertos —muchos de ellos, decapitados— en tres grandes centros penales, el gobierno brasileño movilizó a las Fuerzas Armadas para rastrear objetos prohibidos en las cárceles y para patrullar Natal (noreste), donde se produjeron disturbios relacionados con la tensión en las prisiones.
Más de 300 militares entraron este martes en una cárcel de Roraima (norte), donde ocurrió una de las matanzas, en busca de armas, explosivos, celulares y drogas, en el primer operativo de este tipo.
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