Un par de jueces federales criticaron el martes los esfuerzos de la administración de Trump para deportar a presuntos miembros de pandillas sin el debido proceso, mientras que otro juez acusó al gobierno de obstruccionismo.
Los casos ilustran cómo los grupos de derechos civiles y los abogados de inmigración están utilizando los tribunales para limitar algunos aspectos de la represión sin precedentes del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, particularmente contra aquellos acusados de delitos. Muchos de los migrantes acusados niegan pertenecer a pandillas y afirman que están siendo atacados debido a sus tatuajes y vestimenta.
La reprimenda más severa del martes la dio un juez de Nueva York durante una audiencia por la tarde, quien le dijo a un abogado del gobierno que la batalla por las deportaciones no se está llevando a cabo “en un tribunal secreto”.
“Esto no es la Inquisición ni la Edad Media”, dijo el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Alvin Hellerstein. “Esto es Estados Unidos de América”.
Dos de las decisiones de los tribunales inferiores el martes resultaron de demandas relacionadas con el uso por parte de Trump de una ley de tiempos de guerra de 227 años para deportar unilateralmente a presuntos miembros de una pandilla venezolana a una prisión notoria en El Salvador. Un tercer fallo proviene del caso de un hombre de Maryland que lucha por regresar a los Estados Unidos después de que fue deportado por error a su país natal, El Salvador.
Los desarrollos son la señal más reciente de que la agenda de Trump está siendo cuestionada por intervenciones judiciales que la administración ha calificado de inconstitucionales. La batalla probablemente regresará a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ya ha concedido cierto alivio a los posibles deportados.
La Corte Suprema, donde Trump disfruta de una mayoría conservadora de 6-3, dictaminó en un caso relacionado a principios de este mes que los presuntos miembros de pandillas deben tener la oportunidad de disputar las acusaciones en su contra antes de ser expulsados. El sábado, en otro caso, los jueces bloquearon temporalmente las deportaciones desde Texas.
“Estas personas están siendo expulsadas del país por tener tatuajes”
El martes, el juez Hellerstein extendió una orden provisional contra las deportaciones después de decirle al gobierno que los hallazgos de la Corte Suprema sobre el debido proceso deben ser respetados.
“Estas personas que permanecen en los Estados Unidos tienen derecho a un aviso y una audiencia”, dijo Hellerstein, nombrado por el presidente Bill Clinton. “Estas personas están siendo expulsadas del país por tener tatuajes”.
La administración de Trump ha insistido en que todos los hombres venezolanos deportados al Centro de Confinamiento por Terrorismo, conocido como CECOT, en El Salvador son confirmados miembros de pandillas y criminales que representan una amenaza para los Estados Unidos.
Horas antes, en Colorado, una juez emitió una orden que detiene temporalmente más deportaciones desde el estado mientras cuestiona algunos elementos de la proclamación de marzo de Trump que sentó las bases para las expulsiones sin el debido proceso. Ella no estuvo de acuerdo con la afirmación de Trump de que las actividades de la pandilla venezolana en los Estados Unidos constituyen una “invasión” o “incursión depredadora” bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Demandas Definitorias
“Estas palabras, fundamentalmente, exigen acción militar y en tiempos de guerra”, dijo la juez de distrito Charlotte Sweeney, quien fue nombrada por el presidente Joe Biden. “La proclamación no encuentra ningún fundamento que satisfaga estas demandas definitorias”, añadió.
Su orden requiere que los Estados Unidos den un aviso de 21 días a cualquier persona en Colorado que el gobierno tenga intención de expulsar bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. La orden permanecerá en efecto hasta el 6 de mayo, aunque se espera que los demandantes del caso busquen una medida cautelar de duración más prolongada. La administración de Trump dijo que apelará el fallo ante la Corte Suprema, si es necesario.
El tribunal más alto de la nación “ya ha dicho que nuestro Comandante en Jefe Donald J. Trump tiene el poder para detener la invasión de nuestro país por terroristas utilizando poderes en tiempos de guerra”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. “Un solo juez activista, no electo, no puede detener la voluntad del pueblo estadounidense de tener un país seguro y protegido”, añadió.
Más tarde esa noche, en Maryland, la juez que manejaba el caso del hombre deportado por error, Kilmar Abrego García, criticó la negativa de la administración a entregar pruebas ordenadas por el tribunal sobre lo que exactamente había ocurrido, diciendo que tal conducta por parte del gobierno “termina ahora”.
“Durante semanas, los acusados han buscado refugiarse tras afirmaciones vagas y no fundamentadas de privilegios.”
A la administración, que alega que Abrego García es miembro de la pandilla MS-13, se le ha ordenado por tribunales federales, incluida la Corte Suprema, que facilite su regreso. Trump y otros funcionarios de la administración han argumentado que no tienen el poder para liberar al hombre ni traerlo de regreso a los Estados Unidos. Abrego García, cuya esposa es ciudadana estadounidense, niega ser miembro de una pandilla y nunca ha sido acusado de un delito.
La semana pasada, un tribunal de apelaciones negó una moción de emergencia de la administración para detener los esfuerzos de Xinis por traer de regreso a Abrego García a los Estados Unidos, diciendo que la conducta del Departamento de Justicia era impactante para el “sentido de libertad” de los estadounidenses.
(c) Bloomberg, 2025- Erik Larson
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