Polémica en Bolivia por la intención chilena de construir “barreras físicas” en la frontera

La decisión del Gobierno de Chile de militarizar la frontera con Bolivia y ordenar la construcción de “barreras físicas” genera polémica en el lado boliviano y algunos analistas advierten que viola el Tratado de 1904 que fijó los límites definitivos entre ambos países.

Tras asumir el gobierno el 11 de marzo, el presidente José Antonio Kast firmó un decreto con el que da cumplimiento a su promesa electoral de combatir la migración ilegal y reforzar el control de la frontera norte. “Le encomiendo que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la migración ilegal”, indicó Kast al jefe del Ejército, Pedro Varela, durante el acto en el que firmó la norma.

La decisión no deja de ser controversial. Horas antes, Rodrigo Paz había asistido a la toma de posesión y manifestó en medios chilenos su voluntad para retomar las relaciones diplomáticas con Chile con mensajes como “siempre es mejor el futuro que el pasado”, “en el vecindario hay que tratarnos de buena manera” o “la lógica es que nos llevemos bien para crecer, nuestras naciones se merecen una mejor relación”.

Para el periodista y analista político Raúl Peñaranda, la noticia del control fronterizo cayó como “un balde de agua fría” en medio de los anuncios sobre el posible restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile. “Paz y Kast se estaban tomando la mano, se estaban dando ‘piquitos’ y este es un balde de agua fría, una señal inamistosa de Chile y va a generar repercusión”, afirmó.

Fuera del nuevo contexto diplomático, también surgieron observaciones sobre la supuesta falta de coherencia entre el decreto y lo dispuesto en acuerdos bilaterales. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) apuntó que contrasta con el Tratado de 1904 en el que Chile reconoce a Bolivia el más “amplio y libre” derecho de tránsito por su territorio hacia los puertos del Pacífico. Rodríguez agregó que la medida “no es la mejor señal de buena vecindad”.

Otros actores políticos como el excandidato presidencial Samuel Doria Medina también cuestionaron la determinación de Kast. “Le deseo una buena gestión, pero comienza cometiendo un error”, escribió en su cuenta de X.

Según datos oficiales de Chile, cerca de 180.266 bolivianos viven en ese país, lo que representa menos del 10% de los extranjeros residentes. Si bien no se encontraron cifras sobre las nacionalidades de migrantes indocumentados, el Instituto Nacional de Estadística estima que existen cerca de 337.000 extranjeros en situación irregular.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas plenas desde la década de 1970 por el reclamo boliviano de un acceso soberano al Pacífico. La disputa entre ambos países gira básicamente en torno al reclamo boliviano de acceso soberano al océano Pacífico, perdido en una guerra con Chile en 1884 que constituye el precedente sobre el cual se estableció el Tratado de 1904.

El distanciamiento entre La Paz y Santiago se profundizó en los últimos años a raíz de la demanda marítima interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en 2013 y el juicio que inició Chile ante el mismo organismo por las aguas del Silala en 2016.

La administración de Rodrigo Paz no se ha manifestado oficialmente sobre esta determinación. Sin embargo, en una entrevista radial con el programa Asuntos Centrales, el canciller Fernando Aramayo manifestó: “Lo respetamos; no vamos a ir por encima de la soberanía de los pueblos; necesitamos conversar estos temas y evitar que esto se lea desde una perspectiva negativa”.

En el Legislativo la decisión encuentra posiciones encontradas. Mientras diputados como el opositor José Sánchez expresaron su preocupación, otros como el oficialista Ricardo Rada respaldaron la determinación del Gobierno de Chile. “Cada presidente tiene el derecho de establecer su política de Estado en los límites de su territorio”, afirmó Rada, consultado por el canal RTP.

Mientras la construcción de “barreras” en medio de ambos países parece inminente, el presidente Paz y el canciller Aramayo apuestan por minimizar el asunto y destacar el avance de una agenda común que incluiría temas comerciales, energéticos y otros.