Harvard rechaza exigencias del gobierno de EEUU pese al riesgo de perder fondos federales

Con miles de millones de dólares en financiamiento federal en riesgo, las autoridades de la Universidad de Harvard rechazaron el lunes las exigencias del gobierno de Donald Trump para implementar cambios estructurales en su gobernanza, admisiones y políticas de contratación.

Harvard continuará trabajando para combatir el antisemitismo y, “la universidad sigue abierta al diálogo sobre lo que ha hecho y planea hacer para mejorar la experiencia de todos los miembros de su comunidad”, escribieron dos abogados que representan a la institución en una carta enviada el lunes. Sin embargo, añadieron que la universidad “no está dispuesta a aceptar demandas que excedan la autoridad legal de esta o cualquier otra administración”.

Harvard se convierte así en la primera universidad en oponerse a los esfuerzos del gobierno federal por forzar cambios en instituciones de élite.

Es también la que tiene más fondos en juego: la administración anunció recientemente que revisará contratos y subvenciones por un total de USD 9.000 millones otorgados a Harvard y sus entidades afiliadas.

En las últimas semanas, varias universidades han sido amenazadas con la suspensión de miles de millones de dólares en recursos federales, en el marco de una ofensiva del gobierno de Estados Unidos para imponer cambios en la educación superior. Algunos de estos esfuerzos están orientados a combatir el antisemitismo en los campus, exigiendo que las instituciones hagan más para garantizar la seguridad de los estudiantes judíos. El año pasado, las protestas en torno a la guerra entre Israel y Gaza generaron preocupación por expresiones y conductas consideradas amenazantes hacia estudiantes judíos, y por el supuesto incumplimiento de algunas universidades con la ley federal de derechos civiles.

Otras medidas impulsadas por el gobierno han estado alineadas con prioridades como la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión, y la prohibición de que atletas transgénero compitan en equipos femeninos.

La Universidad de Columbia, epicentro de protestas propalestinas el año pasado, fue el primer blanco de estas acciones. En marzo, el gobierno suspendió 400 millones de dólares en financiamiento federal, incluyendo cientos de subvenciones para investigación. Las autoridades de Columbia han afirmado que mantienen un “diálogo activo” con la administración para tratar de restablecer los fondos.

Esa postura ha sido criticada por algunos sectores, incluyendo dos sindicatos —la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés) y la Federación Estadounidense de Maestros— que presentaron una demanda el mes pasado argumentando que la cancelación unilateral del financiamiento viola la Primera Enmienda y la ley de derechos civiles.

Otros, como algunos exalumnos, han sostenido que universidades como Columbia, altamente dependientes de fondos federales, deben ceder ante las exigencias del gobierno, y que ya han comenzado a implementar cambios en esa dirección.

Hasta la fecha, el financiamiento a Columbia no ha sido restituido.

En Harvard, diversos sectores han pedido resistir. En un editorial reciente, el diario estudiantil The Harvard Crimson instó: “Harvard debería trabajar con otras universidades para oponerse y liderar la lucha contra los ataques del gobierno de Trump a la educación superior”.

El viernes, la AAUP y su capítulo en Harvard interpusieron una demanda para impedir que el gobierno federal condicione el financiamiento a restricciones sobre la libertad de expresión o la reestructuración de las operaciones esenciales de la universidad.

“La Primera Enmienda no permite que los funcionarios gubernamentales usen su poder para silenciar a críticos y censurar discursos que no les agradan”, expresó en un comunicado Andrew Manuel Crespo, profesor de Derecho en Harvard y abogado general del capítulo de la AAUP en la universidad. “El profesorado de Harvard tiene el derecho constitucional a enseñar, investigar y expresarse sin temor a represalias gubernamentales como la cancelación de subvenciones”.

El mes pasado, la administración Trump anunció la creación de una fuerza de tarea interagencial para investigar denuncias de discriminación y acoso hacia personas judías en los campus universitarios, como parte de la revisión de miles de millones de dólares en financiamiento a Harvard.

El Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo informó que examinará más de 255 millones de dólares en contratos entre el gobierno federal y Harvard y sus afiliados, incluyendo hospitales cuyos médicos forman parte de la Facultad de Medicina de Harvard. También se revisarán más de 8.700 millones de dólares en subvenciones multianuales para asegurar que se cumplan las regulaciones federales.

En una carta enviada el 3 de abril, funcionarios de los departamentos de Educación, Salud y Servicios Humanos y de la Administración de Servicios Generales presentaron una serie de exigencias a Harvard, entre ellas el cierre de programas de diversidad, equidad e inclusión; la revisión de programas y departamentos que, según ellos, “fomentan el acoso antisemita” y la necesidad de “terminar con la captura ideológica”. También solicitaron reformas en la gobernanza y el liderazgo institucional.

Información sobre la autora:

Susan Svrluga es reportera especializada en educación superior en The Washington Post. Anteriormente, cubrió temas de educación y noticias locales en el mismo medio.

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