
El Ejecutivo panameño anunció un proceso de diálogo con Minera Panamá para evaluar una eventual reactivación de la actividad minera en el país.
El anuncio llega en medio del inicio de conversaciones formales entre el Gobierno panameño y la empresa minera, con el objetivo de explorar un acuerdo que beneficie al país.
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Un equipo interministerial, liderado por el ministro Julio Moltó, conducirá todo el proceso.
Esa posibilidad queda condicionada a que existan beneficios reales y comprobables para Panamá.
Entre los puntos que se discutirán figura la generación de miles de empleos, reservados exclusivamente para panameños. También se buscará la finalización de todos los procesos arbitrales que la empresa mantiene contra el Estado panameño.

El Gobierno dijo que exigirá además control y registro abierto de los materiales extraídos durante la actividad minera. El uso del agua deberá realizarse de manera responsable, según estableció el mandatario.
El presidente José Raúl Mulino fijó una condición que, según dijo, no admite negociación, y es que cualquier acuerdo con Minera Panamá deberá incluir un plan de cierre ordenado, verificable y definitivo de la mina de cobre, pagado por la empresa.
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Ese cierre contemplará reforestación y prevención de daños ambientales. El mandatario precisó que no habrá posibilidad de prórroga para esa etapa final.
Mulino estableció cinco ejes que, según afirmó, no se negociarán bajo ninguna circunstancia. El primero establece que los minerales del subsuelo pertenecen en su totalidad a Panamá, sin excepción.
El segundo principio exige que el país obtenga el máximo beneficio económico posible. Ese resultado, señaló el presidente, deberá sentirse en todo el territorio nacional y no solo en la zona donde opera la mina.

El tercer eje es la soberanía: ninguna empresa podrá tomar decisiones sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo panameño.
Mientras que el cuarto principio obliga a aplicar los más altos estándares de protección ambiental, con controles estrictos, fiscalización independiente e información pública disponible para la ciudadanía.
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Por su parte, el quinto principio fija que cualquier acuerdo deberá cumplir plenamente con la Constitución y las leyes de Panamá. El mandatario remarcó que ninguno de estos cinco puntos admite excepciones durante el proceso de negociación.
El presidente subrayó que este anuncio representa apenas el comienzo de un proceso más amplio. Ese proceso contará con información pública y mecanismos de participación ciudadana, en especial para las comunidades cercanas a la actividad minera.
Esa participación se enmarcará en el Acuerdo de Escazú, el tratado regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. El mandatario no detalló plazos concretos para las distintas etapas de la negociación.
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Precisó un punto central sobre la naturaleza jurídica del eventual entendimiento: no se tratará de una concesión. Si las conversaciones avanzan hasta un acuerdo final, será el propio equipo ministerial, encabezado por Moltó, el encargado de anunciar qué figura jurídica lo sustentará.
El proceso queda así condicionado desde su inicio a los cinco principios fijados por el Ejecutivo y a la revisión que realice el equipo interministerial a lo largo de las próximas etapas de la negociación.
En noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la Ley 406 que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá, por lo que ordenó su cierre. En Panamá los fallos de la Corte Suprema son considerados inapelables, de acuerdo con la Constitución.
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El fallo de la Corte se dio luego de seis semanas de intensas protestas en todo el país, con un saldo de al menos dos muertos, marcando un punto de inflexión en el debate sobre la minería y el medio ambiente.
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