
En una reunión descrita como tensa y emotiva, las familias que perdieron a sus seres queridos en los accidentes de dos aviones Boeing 737 Max intentaron el viernes 31 de mayo convencer a los funcionarios del Departamento de Justicia de que la compañía no ha aprendido de sus errores y debería enfrentar un juicio penal por fraude en relación con la muerte de 346 personas.
“El Departamento de Justicia tiene la oportunidad de arreglar esto: procesar a Boeing, pedir una sentencia severa, términos de libertad condicional que obliguen a Boeing a limpiar la casa porque les resultará demasiado costoso hacer lo contrario”, dijo Michael Stumo, quien perdió hija Samya, de 24 años, en el accidente del vuelo 302 de Ethiopian Airlines en 2019.
Stumo estuvo entre los 40 miembros de la familia que participaron en una reunión a puertas cerradas que duró todo el día en Washington, probablemente su última oportunidad de opinar mientras el Departamento de Justicia contempla sus próximos pasos en un caso que atrajo nueva atención luego de la explosión en el aire de un Tapón de puerta de un avión Boeing 737 Max operado por Alaska Airlines este año. El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.
En 2021, los fiscales llegaron a un acuerdo con Boeing que permitiría al gigante aeroespacial evitar un proceso penal por fraude. La compañía acordó pagar 2.500 millones de dólares en multas, de los cuales 500 millones se reservaron para las familias, y reconoció que dos de los pilotos técnicos de la compañía engañaron a los reguladores federales de seguridad sobre un sistema de software al que se atribuye los accidentes, el primero de ellos, de un avión Lion Air. En octubre de 2018 en Indonesia, seguido del segundo cinco meses después en Etiopía.

El “acuerdo de procesamiento diferido” expiró dos días después del accidente de Alaska Airlines y justo cuando el Departamento de Justicia iniciaba una revisión para determinar si Boeing cumplía las condiciones del acuerdo. Como parte de esa revisión, los familiares, que demandaron exitosamente para ser reconocidos como víctimas del crimen en el caso, se reunieron con fiscales federales en abril, solo para salir de la reunión frustrados y enojados, convencidos de que Boeing no sería procesado.
Pero semanas después, en una carta de dos páginas enviada al juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Reed O’Connor, funcionarios del Departamento de Justicia anunciaron que Boeing no había cumplido con sus obligaciones de establecer sistemas para erradicar el fraude en sus operaciones. Los fiscales dijeron que no habían determinado qué significaría el hallazgo para el gigante aeroespacial. Boeing ha negado haber incumplido el acuerdo y tiene hasta el 13 de julio para responder.
“Lo loco es que los accidentes ocurrieron hace más de cinco años y el Departamento de Justicia desperdició los últimos tres años con este acuerdo de procesamiento diferido”, dijo Ike Riffel, cuyos hijos Melvin, de 29 años, y Bennett, de 26, estaban entre los cinco estadounidenses que murieron en el accidente de Aerolíneas Etíopes. “Ya llevamos tres años y nada ha cambiado”.
Según los términos del acuerdo, el departamento tiene hasta el 7 de julio para decidir cómo proceder. Los expertos dicen que los fiscales tienen varias opciones: podrían extender la duración del acuerdo y nombrar un supervisor independiente para garantizar que Boeing cumpla con los términos. Podrían crear un nuevo acuerdo. Las dos partes podrían llegar a un acuerdo de culpabilidad. O el caso podría ir a juicio.

La reunión entre las familias y los fiscales se produjo un día después de que los ejecutivos de Boeing se reunieran en privado con el administrador de la FAA, Michael Whitaker, para presentar su plan para abordar las deficiencias encontradas durante una auditoría realizada a raíz del accidente de Alaska Airlines, así como las conclusiones de un experto. El director ejecutivo de la compañía, David Calhoun, dijo que el plan, que incluye una mejor capacitación para los empleados y medidas específicas para el sistema de producción de la compañía, fortalecerá aún más el compromiso de Boeing con la seguridad.
El viernes 31 de mayo, Riffel y otros salieron de la reunión con emociones encontradas. Dijeron que se sintieron alentados por la oportunidad de dar a conocer sus deseos, frustrados por haber recibido poca claridad sobre cómo el Departamento de Justicia planea avanzar y agotados por el costo emocional de su campaña de años de rendición de cuentas.
Robert Clifford, un abogado con sede en Chicago que representa a varias familias en un litigio civil contra Boeing, dijo que los funcionarios del Departamento de Justicia dieron a los familiares la oportunidad de hablar con franqueza sobre cómo el departamento debería avanzar en intercambios que en ocasiones fueron tensos y emotivos.
Chris Moore, quien se ha negado a volar desde el accidente que mató a su hija Danielle y su esposa Clariss, condujo desde su casa en Toronto a Washington para asistir a la reunión del viernes. “Tengo esperanzas”, dijo Moore después de la reunión. “Tengo que serlo porque lo único que me queda es esperanza”.
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