La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras convocará este miércoles a representantes de organizaciones garífunas y de distintas instituciones del Estado para abrir un diálogo sobre los conflictos territoriales que afectan a esas comunidades.
La reunión tendrá como uno de sus principales objetivos abordar los derechos territoriales del pueblo garífuna y el cumplimiento de las sentencias internacionales emitidas contra Honduras en esta materia.
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Desde ese poder del estado explicaron que La convocatoria incluye a representantes de OFRANEH y del Comité de Sentencias, además de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
La Presidencia de la CSJ también solicitará el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como observador técnico internacional.
El anuncio se produce mientras permanece en trámite un proceso penal relacionado con personas de la comunidad garífuna de San Juan, Atlántida. La Corte Suprema aclaró que este proceso continúa por las vías jurisdiccionales correspondientes y que el expediente fue remitido al órgano competente en Tela.
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El poder judicial remarcó que no puede intervenir directamente en una causa que está siendo conocida por los tribunales. El Poder Judicial señaló que la causa debe desarrollarse bajo principios como el derecho de defensa, el debido proceso, la igualdad ante la ley, la no discriminación y el derecho a recurrir las resoluciones judiciales.
Solución al conflicto
La corte sostuvo que la situación que afecta a las comunidades garífunas no puede abordarse únicamente desde un proceso penal. El conflicto tiene componentes relacionados con los derechos colectivos de estas comunidades, la propiedad y el registro de tierras, la actuación de distintas instituciones del Estado y las obligaciones internacionales asumidas por Honduras.
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También involucra la seguridad jurídica sobre los territorios y el cumplimiento de decisiones emitidas por tribunales internacionales.
Por esa razón, el Poder Judicial plantea trasladar parte de la discusión a un espacio interinstitucional en el que puedan participar las entidades responsables de distintas áreas. La intención es que las instituciones involucradas analicen el problema de manera conjunta y no desde expedientes separados.
Cumplimiento de sentencias
Uno de los puntos que estarán sobre la mesa será el cumplimiento de las sentencias internacionales relacionadas con los derechos territoriales del pueblo garífuna.
Honduras ha sido objeto de decisiones internacionales vinculadas con la protección de territorios y derechos de comunidades garífunas, lo que ha generado obligaciones para el Estado.
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El anuncio de la Corte plantea que estas obligaciones requieren una respuesta coordinada de las instituciones públicas y no únicamente actuaciones dentro del sistema judicial.
La participación de la Procuraduría General de la República tendrá relevancia en este aspecto, debido a su papel como representante del Estado en asuntos jurídicos. También estarán involucrados el Ministerio Público y las secretarías de Derechos Humanos y Seguridad, cada una dentro de sus respectivas competencias.
Días de protesta
La convocatoria incluye a OFRANEH, organización que representa y acompaña al pueblo garífuna en distintas demandas relacionadas con sus derechos colectivos y territoriales.
También participará el Comité de Sentencias, vinculado al seguimiento del cumplimiento de las decisiones internacionales relacionadas con comunidades garífunas.
La inclusión de estas organizaciones busca que la discusión no se limite a las instituciones estatales y que las comunidades tengan participación directa en el espacio convocado.
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Por ello, las decisiones sobre ese expediente deberán ser tomadas por los jueces competentes, de acuerdo con las normas procesales y los recursos que contempla la legislación hondureña.
La reunión de este miércoles será el primer espacio formal anunciado por la Presidencia de la CSJ para reunir en una misma mesa a representantes de las comunidades garífunas, instituciones estatales y un observador internacional.
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