La ONU prevé asistir a 500.000 personas en Venezuela tras los terremotos: “La necesidad de alimentos, agua y servicios básicos es crítica”

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas lanzó este martes un llamamiento de emergencia por 50 millones de dólares para atender durante tres meses a unas 500.000 personas en Venezuela, golpeada el pasado 24 de junio por un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 que dejó casi dos mil muertos y decenas de miles de damnificados. La responsable del organismo en el país, Stephanie Hochstetter, reconoció desde La Guaira —la región costera más devastada— que esa cantidad “no cubrirá la totalidad del desastre”.

Hochstetter compareció por videoconferencia en la rueda de prensa diaria del portavoz del secretario general de la ONU. Lo hizo desde el epicentro humano de la catástrofe: La Guaira, el estado costero al norte de Caracas donde decenas de edificios colapsaron y donde la escasez de alimentos, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), es ya “generalizada”. Al momento de su intervención, el balance oficial del Gobierno venezolano registraba al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos, cifras que continuaron subiendo a lo largo del día.

La funcionaria explicó que el PMA ya distribuyó raciones de emergencia a 1.200 personas y que la agencia dispone actualmente de 3.000 toneladas métricas de alimentos almacenados en el país, suficientes para alimentar a más de 10.000 familias durante dos meses. Además, trabaja en compras locales y coordina con sus equipos en Colombia el traslado rápido de reservas adicionales. El objetivo es escalar la respuesta hasta cubrir a medio millón de personas en los próximos meses.

“La necesidad de alimentos, agua potable, refugio y servicios básicos es inmediata y crítica”, afirmó Hochstetter. La funcionaria advirtió que los terremotos no golpearon a un país en condiciones normales, sino a uno donde la vulnerabilidad alimentaria ya era estructural. Muchas familias afectadas “ya tenían dificultades para costearse los alimentos básicos”, señaló, y ahora enfrentan la pérdida simultánea de sus hogares, sus ingresos y el acceso a infraestructuras básicas.

El contexto previo al desastre agrava la magnitud del desafío. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a comienzos de 2026 cerca de 7,9 millones de personas en Venezuela requerían asistencia humanitaria. El PMA estimaba que alrededor de cuatro millones de venezolanos —aproximadamente el 15% de la población— necesitaban ayuda alimentaria urgente, mientras que un 40% adicional padecía inseguridad alimentaria moderada. La inflación proyectada para este año supera el 680%, y el salario mínimo lleva congelado desde 2022 en el equivalente a menos de medio dólar mensual.

Los dos sismos del 24 de junio, con epicentro en el estado de Yaracuy, constituyen uno de los terremotos más destructivos registrados en América Latina en décadas. La NASA calculó daños en más de 58.000 edificios, y la ONU estimó en unos 50.000 el número de desaparecidos. Las zonas más castigadas del estado La Guaira —Caraballeda, Catia La Mar y Tanaguarena— quedaron sin electricidad ni conectividad durante días, y el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, suspendió operaciones antes de reanudarlas parcialmente. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, cifró en más de 100 los edificios derrumbados solo en La Guaira e indicó que unas 70.000 familias fueron afectadas en ese estado.

La respuesta internacional fue inmediata pero desigual. La ONU liberó 15 millones de dólares de emergencia y desplegó más de 2.200 rescatistas de 25 países. Estados Unidos anunció una asistencia total superior a 300 millones de dólares, incluyendo el despliegue de marines para rehabilitar el estratégico puerto de La Guaira. UNICEF movilizó 47 toneladas de suministros humanitarios y estimó que necesita 52 millones de dólares adicionales para atender a la infancia. La Cruz Roja Internacional lanzó un llamamiento de 50 millones de francos suizos para asistir a 300.000 personas.

La sede operativa del PMA en La Guaira fue solicitada por el propio Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con quien Hochstetter destacó que existe “plena colaboración”. El organismo también atiende a familias que conservan sus viviendas pero han perdido el acceso a suministros básicos, distribuyendo alimentos para cocinar además de las raciones listas para consumir. Hochstetter subrayó que la respuesta debe ser sostenida más allá de la fase de rescate: “Cuando la atención se desvanece, las necesidades no disminuyen”.

Venezuela arrastra una década de deterioro institucional, colapso del sistema de salud y emigración masiva de más de ocho millones de personas. Sobre ese sustrato de debilidad estructural se superpone ahora un desastre sísmico cuya escala real aún se desconoce, con miles de personas atrapadas bajo los escombros y comunidades aisladas en zonas de montaña donde la ayuda tarda en llegar. El llamamiento del PMA es solo una fracción de lo que organismos multilaterales estiman que costará la reconstrucción.