
El Gobierno de Venezuela firmó este miércoles un adéndum al contrato con la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) para reactivar la construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar, paralizada desde 2014 con un 87,2% de avance, según la organización Transparencia Venezuela. El acuerdo, firmado en el Palacio de Miraflores, prevé incorporar 160 megavatios al sistema eléctrico nacional en un plazo de 90 días.
La firma estuvo encabezada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien gobierna el país bajo tutela de Estados Unidos desde la salida de Nicolás Maduro. Rodríguez explicó que el objetivo del contrato es culminar Tocoma para fortalecer el sistema hidroeléctrico del país, en medio de una ola de calor que atribuyó a la emergencia climática. La funcionaria detalló que la Administración pública venezolana mantiene un esquema de trabajo interdiario para reducir el consumo eléctrico.
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El acuerdo se enmarca en el plan de tres fases que la Administración de Donald Trump diseñó para Venezuela, centrado en la estabilización, la recuperación económica y la transición democrática del país, según informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas a través de la red social X. La legación diplomática precisó que la meta final es alcanzar una capacidad conjunta de 2.640 megavatios entre Tocoma y la cercana represa de Macagua, que también recibirá trabajos de modernización.
El presidente de IMPSA, Jorge Rafael Salcedo, agradeció el respaldo de los departamentos de Estado y de Energía de Estados Unidos, y calificó el proyecto como uno de los más importantes para el sector eléctrico en América Latina. “Para nosotros es un voto de confianza muy importante que nos están dando y vamos a ejecutar este proyecto con la mayor eficiencia, con la mayor calidad y, sobre todo, con los más altos estándares de generación y tecnología que puede haber en el área hidroeléctrica”, afirmó Salcedo. El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, sostuvo que la culminación de la obra impulsará el desarrollo industrial de Bolívar y dará estabilidad a todo el complejo de embalses del Bajo Caroní.
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La construcción de Tocoma comenzó en 2007 durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) y debía concluir en 2014. Las obras quedaron truncadas por falta de financiamiento y por la crisis económica venezolana, y el proyecto se sumó a la lista de emprendimientos inconclusos heredados del chavismo. IMPSA, que llevaba casi dos décadas sin poder avanzar en los trabajos, fue privatizada en 2025 y pasó a manos del fondo estadounidense Industrial Acquisitions Fund, un cambio accionario que facilitó el respaldo político de Washington al proyecto.
Venezuela arrastra desde hace años fallas recurrentes en el suministro eléctrico, concentradas sobre todo en regiones alejadas de Caracas. El chavismo ha atribuido los cortes a las sanciones estadounidenses y a presuntos saboteos, mientras que la oposición y diversos expertos los explican por la corrupción y la falta de mantenimiento de la red. En las últimas semanas, los apagones han comenzado a alcanzar también a la capital, un fenómeno hasta ahora poco frecuente.
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Además del pacto con IMPSA, la Administración de Rodríguez firmó convenios con General Electric para incrementar la generación eléctrica, según indicó el diario El Observador. A principios de agosto, la funcionaria pidió a la población ahorrar electricidad y agua ante el fenómeno climático conocido coloquialmente como “Superniño”, una fase de especial intensidad de El Niño que ha elevado la demanda energética en todo el país.
Las cifras sobre los plazos totales del proyecto varían según la fuente. Mientras la Embajada de Estados Unidos y el Gobierno venezolano hablan de incorporar 672 megavatios en un horizonte de entre 14 y 24 meses, la empresa IMPSA había anunciado en junio un cronograma de 19 meses para esa misma meta, que luego acortó a 14. La falta de precisión sobre el origen exacto de los primeros 160 megavatios —si provendrán de las turbinas de Tocoma o de la modernización de Macagua— alimenta las dudas de organizaciones como Transparencia Venezuela, que reclaman mayor transparencia sobre los pagos realizados al consorcio y el destino de los fondos invertidos en las últimas dos décadas.
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El desenlace del proyecto dependerá menos de la ingeniería que de la estabilidad del entendimiento político entre Caracas y Washington, cuyo respaldo explícito a Tocoma convierte a la represa en un símbolo tangible de la transición que Estados Unidos dice impulsar en Venezuela.
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