
Delcy Rodríguez anunció este viernes la excarcelación de 131 presos políticos venezolanos, una medida que se enmarca en la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada en febrero y que llega pocos días después del primer encuentro formal entre representantes del chavismo y un sector de la oposición. La decisión contempla medidas alternativas al encarcelamiento, por lo que no todos los beneficiarios quedan necesariamente sin restricciones judiciales.
El anuncio fue realizado por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, que atribuyó las decisiones a los tribunales venezolanos después de solicitudes formuladas por el Ministerio Público. El organismo sostuvo que los expedientes revisados corresponden a personas acusadas o condenadas por hechos que el interinato vinculó con ataques contra la institucionalidad y la estabilidad del país.
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La liberación constituye uno de los principales movimientos registrados desde que comenzó a aplicarse la amnistía impulsada por el chavismo. La norma abrió la posibilidad de revisar causas iniciadas desde 1999 y permitió modificar las condiciones de personas encarceladas por procesos relacionados con la confrontación política venezolana.

Sin embargo, las organizaciones que defienden a los presos políticos han advertido reiteradamente que una excarcelación bajo medidas cautelares no equivale necesariamente al reconocimiento de la inocencia de los afectados. En numerosos casos, quienes abandonan las cárceles continúan sometidos a restricciones judiciales.
Entre las personas liberadas se encuentra Emirlendris Benítez, uno de los casos más graves de persecución política denunciados durante los últimos años. Benítez fue detenida en agosto de 2018, cuando tenía cuatro meses de embarazo, después de ser relacionada con el atentado con drones ocurrido durante un acto militar en Caracas en el que participaba el ex dictador Nicolás Maduro.
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La justicia chavista la condenó a 30 años de prisión y le atribuyó delitos como terrorismo, traición a la patria y homicidio calificado en grado de frustración. Sus abogados y organizaciones de derechos humanos rechazaron las acusaciones y denunciaron que su proceso estuvo marcado por irregularidades y abusos.
Durante su encarcelamiento, Benítez sufrió torturas que le provocaron graves daños físicos. Perdió el embarazo y quedó con problemas de movilidad que posteriormente hicieron necesario el uso de una silla de ruedas. También fueron documentados dolores crónicos y otras lesiones que sus defensores atribuyeron a los abusos sufridos bajo custodia.

Su caso llegó a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor en 2020. Dos años después, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria pidió su liberación inmediata al considerar que su encarcelamiento no tenía una justificación válida.
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La salida de Benítez se produjo junto con la de otras cinco mujeres. Posteriormente, Foro Penal confirmó 17 excarcelaciones durante la jornada y aclaró que el proceso continuaba. La organización pidió esperar a contar con información comprobada antes de establecer una cifra definitiva de liberados.
El anuncio se conoció además después de que Dinorah Figuera, representante de un sector opositor en las negociaciones con el chavismo, se comprometiera a impulsar nuevas excarcelaciones. Las conversaciones concluyeron esta semana y están orientadas a abordar distintos asuntos vinculados con la transición política y la situación institucional de Venezuela.
La liberación de los 131 presos políticos ocurre en un contexto en el que el régimen busca presentar la aplicación de la amnistía como parte de un proceso de distensión. Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, el punto central sigue siendo la situación de quienes continúan tras las rejas por motivos políticos.
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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos celebró especialmente la salida de Benítez, pero recordó que todavía existen personas privadas de libertad por causas relacionadas con la persecución política. “La lucha no termina aquí”, sostuvo la organización.
La nueva excarcelación amplía así la lista de venezolanos que han recuperado su libertad desde el inicio de este proceso, aunque en muchos casos bajo condiciones judiciales. La aplicación de la amnistía y la revisión de los expedientes serán determinantes para establecer si las autoridades avanzan hacia la liberación del resto de los presos políticos que permanecen detenidos.
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